A pesar de que la semana anterior fueron integrados el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaces), estos dos organismos todavía no pueden cumplir a cabalidad sus tareas, por la falta de una reglamentación a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El  Ceaces, que está conformado por Guillaume Long, María Luisa Granda y José Antonio Figueroa, por parte del Ejecutivo; y por concurso de méritos: Fernando Espinoza, Hólger Capa y Mariana Lima, la última de nacionalidad brasileña, mantuvo ayer la primera reunión, en la que se designó a Long como  presidente.

En el encuentro se analizó el trabajo que deben cumplir y se reconoció que la falta de un reglamento a la LOES  impide que se inicie   el trabajo de evaluación a los centros de estudios superiores. 

Según  Long, este documento sería expedido   la próxima semana “mientras tanto en ausencia de  cualquier reglamento todos nos debemos a la LOES,  pues todo lo que se haga    es en estricto apego a las normas establecidas.

En la primera reunión se acordó, por consenso,  crear un reglamento de ética, que está enmarcado dentro de la LOES.

En el artículo 101 de la norma,  expedida el 12 de octubre de 2010, detalla sobre la creación del Reglamento y Código de Ética con los que se regularán las actividades de los evaluadores externos y de todos los especialistas, consultores y funcionarios. “En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, los miembros del equipo evaluador suscribirán el Código de Ética, en el que constará   la responsabilidad civil y laboral que acarrearía el incumplimiento del mismo, así como la declaración juramentada de los miembros del equipo evaluador de no tener conflicto de intereses con la institución, carrera o programa que va a ser evaluada, acreditada y/o categorizada”,  afirmó Long.

Agregó que de acuerdo a la ley   tienen poco tiempo para evaluar a las universidades de categoría E, así como al resto que hay en el país. La decisión de los nuevos funcionarios es hacer una nueva evaluación a todos los centros de educación superior.

Este trabajo se desarrollará a base del informe  que dejó el anterior Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea). 

La Constitución vigente desde 2008 le fijó a este organismo un plazo de cinco años para evaluar y acreditar a todas las instituciones de educación superior del país, sus programas y carreras. Es decir, que le queda un  poco más de dos años para cumplir con esa tarea.

“El Ceaces tiene potestad de desarrollar una metodología para volver a clasificar a las universidades, por ello se  espera que hasta abril de 2012 ya haya nuevos resultados sobre los servicios educativos que presentan los centros de educación superior del país”, dijo Long. 

Fernando Espinoza indicó que todas las resoluciones son tomadas por unanimidad.