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ONU aprueba propuesta de Ecuador que insta a frenar transferencia de armas durante conflictos
El canciller Ricardo Patiño celebró la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU de una resolución auspiciada por Ecuador, que busca frenar la entrega de armas a partes envueltas en un conflicto armado.
Histórica resolución del Consejo de D.H. de la ONU sobre el impacto del tráfico de armas sobre los derechos humanos. Propuesta de Ecuador
— Ricardo Patiño Aroca (@RicardoPatinoEC) September 27, 2013
El jefe de la diplomacia ecuatoriana también agradeció el apoyo de Perú y Costa Rica, países que coauspiciaron la propuesta ecuatoriana votada el viernes en Ginebra.
La resolución fue aprobada por votación mayoritaria (42 votos favor, 4 abstenciones y 1 en contra perteneciente a Estados Unidos).
Durante la presentación de la propuesta, el representante permanente del Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos pidió a los países miembros de dicho Consejo votar a favor, como una "respuesta al clamor de las millones de víctimas de los conflictos armados, especialmente de los niños que son reclutados, de las mujeres que son víctimas de la violencia sexual y de los miles de refugiados".
Gallegos señaló que los que no votaren a favor mandan el mensaje claro de que" prefieren la muerte a la paz y que incentivan los conflictos siguiendo sus propios intereses, sacrificando vidas humanas", según indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento tiene particular importancia cuando el mundo entero rechaza la violencia generaliza en los conflictos armados que proliferan en muchas partes y está en contra de la posición de algunos países que han armado irresponsablemente a las partes, lo que ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos.
La resolución titulada "Repercusiones de las transferencias de armas en los derechos humanos durante los conflictos armados" insta a los Estados a abstenerse de suministrar armamento a las partes involucradas en un conflicto armado.
Según el texto, la entrega de esos artefactos puede socavar gravemente los derechos humanos de la población civil, y en especial de las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables.
