La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) busca reducir la corrupción en el país, en entidades públicas y privadas, al ciento por ciento   hasta  2017.        

Para ello presentó el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, el cual  está suscrito por las ocho entidades que integran esta función (el quinto poder) del Estado: Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y las superintendencias de Bancos, Compañías, Telecomunicaciones, Economía Popular y Solidaria y Control del Poder del Mercado.   

Todas estas entidades firmaron el pacto social nacional con el que se comprometieron a construir un sistema de ciudadanos, instituciones y normas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción. El documento, de 83 páginas, promoverá la práctica de la ética social como un mecanismo generador de valores entre los funcionarios públicos y privados.

Entre los proyectos principales están la puesta en vigencia del Código de Ética de la Función Pública, la cultura de prevención de lavados de activos, la red de lucha contra la corrupción, así como la vigilancia de la participación ciudadana. También  propone reformas  a  la actual Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Sobre este último punto, Pedro Jaramillo, presidente de la FTCS y superintendente de Telecomunicaciones,  detalló que estos cambios legales son necesarios porque la norma fue hecha en base a la  Constitución de 1998 y no a la de 2008.

Uno de los cambios será reformar los procesos de rendición de cuentas. Jaramilo considera que no solamente se debe decir qué se hace con los recursos  sino también en la  gestión pública.

En estas reformas, según el contralor Carlos Pólit también debería ingresar la  Ley Orgánica de la Contraloría y el reglamento respectivo que emite el Presidente de la República. Pide el cambio en la emisión de las coactivas porque actualmente las glosas que remiten a los municipios, Petroecuador y consejos provinciales son realizadas por estas mismas instituciones.

Pedro Solines, superintendente de Bancos, precisó que en cuanto a la lucha de lavados de activos se pondrá más control y se cruzará información entre entidades públicas y sociedad civil, en coordinación con el vigente Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos.     

El nuevo plan entiende a la corrupción pública como todo acto de cohecho, tráfico de influencias, fraude,  uso de información privilegiada, abuso de confianza, conflicto de intereses, peculado y evasión tributaria.

No deja a un lado a la corrupción privada, que persiste en  lavado de activos, fraude en telecomunicaciones, créditos vinculados y  abusos contra el consumidor financiero, societario y comercial.

Análisis de la corrupción

Según el plan, la  inadecuada gestión del talento humano en la administración pública, evidenciando políticas clientelares,  es un factor que propicia, mantiene y favorece la corrupción en el país.

A ello se suma las acciones aisladas y la  estructura corporativista del Estado, la vinculación con grupos y poderes, la escasa corresponsabilidad pública-privada en las acciones de lucha contra la corrupción, la impunidad, discrecionalidad, débiles políticas comunicacionales y la descripción de la tipología de la corrupción que no establece sanción de acuerdo con la magnitud del perjuicio.

Aún las acciones y estrategias son generales, sin embargo, se plantea crear sistemas informáticos con bases de datos y estadísticas que faciliten el análisis para la detección de problemas y acción inmediata ante indicios de actos de corrupción. Para ello  se utilizarán métodos técnicos y científicos.