Los derechos laborales y las garantías que deben tener  los periodistas para realizar su trabajo están contemplados en el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.

En la sección IV del proyecto de ley, que ahora se socializa entre diferentes sectores,  se establecen como derechos de los comunicadores, entre otros:  la  cláusula de conciencia  (para garantizar  independencia),  mantener el secreto profesional  y que los empleadores doten de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el  ejercicio profesional.

También  se puntualiza el derecho a una  remuneración   justa y la  afiliación a la  seguridad social,   según sus funciones y competencias.

La  investigadora  Isabel Ramos  resalta que el proyecto incorpora varios derechos para  los colaboradores  de los medios de comunicación, en  donde se “recupera la dignidad de un trabajo muy sacrificado”. Destaca  que actualmente  entre “el 60 y 70% de los medios privados están   en pocas manos, un hecho  inadmisible en un estado democrático”, y lamenta  que a pesar de esa situación, “el papel de los trabajadores de la  prensa y sus derechos laborales han sido excluidos de los debates”.

A criterio de la especialista, las  condiciones  de trabajo  son impuestas por los dueños de los medios,  quienes  violan las normas más esenciales y   convierten a los profesionales en pasantes para  precarizar su trabajo. Agrega que no les   reconocen los valores correspondientes a viáticos y  movilización para sus  coberturas, además de que son protagonistas de extensas jornadas laborales y no se les  da procesos de capacitación continua.

Mauro Cerbino, especialista de la Flacso, comparte el criterio. Para él, el proyecto de ley “tutela” los derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación. Dijo que este es “un aspecto poco atendido en la ley actual y en el Código de Trabajo, los cuales -argumentó- no precisan una  remuneración justa, protección en caso de riesgos, así como  la provisión de recursos y materiales necesarios. 

Por este motivo, según el asambleísta oficialista Armando Aguilar,  “muchos periodistas están a favor del proyecto, porque en este se defenderán sus derechos laborales”.

Su coideario Jaime Abril coincide con esa afirmación y enfatiza que es necesaria una ley que regule los abusos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

El legislador revela que en Cuenca  “hay  medios impresos que han amasado una gran fortuna, pese a lo cual  sus empleados apenas ganan  el salario básico”. Este es el caso de los periodistas de medios radiales.Mauricio P. trabaja desde hace siete años en una radio privada.

Su salario se mantiene en 300 dólares. El caso es similar al de Carolina C., quien recibe 350 dólares mensuales, “y no nos dan dinero para las movilizaciones, ni facilidades para ejercer la profesión, pero  nos exigen trabajo de calidad”. Fernanda F. trabajó por cerca de seis años en un periódico nacional. Durante este tiempo, su remuneración se mantuvo en 550 dólares, mientras que los sueldos de otros periodistas eran de  1.500 dólares. Para ella, sería necesario “que  se cree un escalafón que defina  el salario del comunicador”.

En enero de este año, el presidente de la República, Rafael Correa,  dijo que se definió el salario de los periodistas, como actividad comunitaria, en 631 dólares. Por ello, un comunicador comunitario pasaría  de 287,29  dólares a  400 dólares. Mientras que un director nacional o periodista titulado recibiría  de  451,75  dólares a 631,19 dólares. 

Reserva de la fuente

Otro de los aspectos contenidos en la ley es el  derecho a la reserva de la fuente. El artículo  39  señala que ninguna persona que difunda información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. El tema fue  calificado como favorable por varios  presentadores de televisión consultados.

“Consideramos positivo el hecho de que a través de este documento se respeten los derechos a la reserva de la fuente y el derecho profesional”, dijo Janeth Hinostroza, durante un foro de socialización del proyecto,  pese a las observaciones que tiene frente al documento. Esto, para María B., otra periodista, es favorable. Recuerda que en un periódico nacional que trabajó, “mis jefes me  obligaban a poner quien me daba la información, a pesar de que el entrevistado pedía reserva”.

Precisamente eso es lo que ha permitido que la propuesta legal sea respaldada por  organismos nacionales e internacionales, como la Agencia Latinoamericana de Información y  asociaciones Latinoamericana de Educación Radiofónica, Mundial de Comunicadores Cristianos,  de Radios Comunitarias y los  colectivos Pro Derechos Humanos y Corape.