Quito, 29 de diciembre de 2001

Señor Licenciado
Orlando Pérez
Subdirector
El Telégrafo

En su despacho.-

En la primera plana de la edición 46.238 del rotativo El Telégrafo, de fecha 24 de noviembre de 2011, destaca un titular que dice: “Solines quería cobrar solo $ 60 millones por la concesión telefónica”.  Antecede a esa afirmación del diario un subtítulo en color rojo que dice: “Perjuicio al Estado ecuatoriano”, y le sigue el titular en cuestión otro subtítulo en color negro: “Únicamente la presión del Gobierno actual detuvo la negociación”.

En referencia a tan falsas, irresponsables y poco profesionales afirmaciones de El Telégrafo, diario de su dirección, por sentirme profundamente agraviado por las calumniosas informaciones difundidas, en ejercicio de mis derechos constitucionales a la rectificación y a la réplica, le solicito que de forma inmediata y en el mismo espacio, tal como indica la Constitución de la República, publique la presente rectificación, sin perjuicio de cualquier otra acción legal que me asista.

Una supuesta investigación periodística iniciada por El Telégrafo, en relación a las concesiones de la telefonía celular, aborda tres momentos del proceso:

1) La negociación inicial del Estado ecuatoriano con las operadoras que en 1993 obtuvieron la concesión para prestar el servicio de telefonía móvil celular (STMC) por 15 años; 2) La renegociación de los términos contractuales producida en 1998; y, 3) El proceso de negociación para la renovación de dichas concesiones, iniciado en 2006. Producto de esa investigación, el diario publica una serie de datos e información que ya eran de conocimiento público y frente a la cual el actual Gobierno no ha hecho absolutamente nada en casi 5 años de administración.

Frente a información conocida y sin aportar ningún elemento dentro de la investigación, El Telégrafo orienta sus  dos primeras publicaciones a tratar de afectar la imagen de ciertos medios de comunicación, que fueron, inicialmente, parte de las empresas que obtuvieron la concesión para proveer el STMC, vinculándonos a un presunto perjuicio que se habría ocasionado al Estado en los primeros 15 años de dicha concesión. Cabe recordar que, a lo largo de esos 15 años, estos nuevos servicios transformaron la comunicación del país al haber dado la posibilidad de que millones de personas accedan a un servicio básico al que nunca antes accedieron a través de la telefonía fija, servicio bajo monopolio estatal que se convirtió en el símbolo de la ineficiencia y la corrupción del Estado.

Sin embargo, en su tercera entrega de la investigación, El Telégrafo sorpresivamente publica un titular  dirigido exclusivamente en contra mía, afirmando que yo, ni siquiera como presidente del cuerpo colegiado Conatel, sino a título personal, quise cobrar apenas $ 60 millones por la nueva concesión a las operadoras móviles, ocasionando de esa manera un enorme perjuicio  al Estado.

Resulta evidente que tamaña patraña responde a mi decisión personal de intervenir en la política ecuatoriana para luchar por la defensa de las libertades y derechos fundamentales que están siendo atropellados diaria y sistemáticamente por un régimen totalitario, abusivo y perverso.  Toda vez que ni el Presidente ni sus ministros son capaces de encarar un debate civilizado y de responder razonablemente a sus criterios, acuden entonces a la maliciosa descalificación de quienes, en ejercicio de derechos constitucionales, nos oponemos a las acciones del Gobierno.

En relación a las absurdas denuncias con las que se trata de descalificarme y sugerir que yo perjudiqué al Estado, solo me limitaré a decir que mientras presidí el Conatel, jamás existió acto o decisión alguna de sus miembros para cerrar la negociación con las operadoras celulares, a pesar de que legal y contractualmente  tuvimos la oportunidad de hacerlo. Consta en actas y documentos que resolvimos dejar que el Gobierno de Rafael Correa continúe y concluya la negociación, una vez que este  asumiera la Presidencia. Si no hubo suscripción de contrato alguno, resulta imposible hablar de un perjuicio al Estado, tal como afirma el titular y el artículo. Por el contrario, fueron más bien los funcionarios del actual Gobierno, quienes de manera inexplicable irresponsable, esperaron pocos meses antes de la terminación del plazo de los contratos en 2008 para reiniciar una negociación que debía haber concluido dos años antes.

Por todo lo expresado, es el actual Gobierno el que tiene que explicar una serie de presuntas irregularidades, irresponsabilidades y falta de transparencia frente a la negociación con las operadoras celulares, incluyendo el hecho de que la negociación final con la operadora Conecel-Porta fue alcanzada  a puerta cerrada, en una oficina  de Carondelet, sin la presencia de todos los miembros del Conatel y con una rebaja de varios millones de dólares que fuera expresamente prohibida por el propio Conatel mediante resolución. Igualmente, le corresponde al Gobierno del presidente Correa responder el fin que tuvieron los millones de dólares obtenidos de las operadoras y de los que se jactan como demostración de una negociación exitosa.

Por las razones expuestas solicito a usted que llame severamente la atención de los periodistas que escribieron el referido artículo de investigación, por no haber cumplido con su obligación ética y profesional de contrastar la información que le proporcionó el Gobierno, a través de su ministro de Telecomunicaciones. Frente a tan graves imputaciones, la periodista de El Telégrafo me contactó telefónicamente, pero para obtener simplemente mi reacción frente a la irresponsable publicación que este diario había decidido ya circular. La reprochable acción periodística del diario de su dirección se vuelve más grave aún, si consideramos que usted y yo nos encontramos apenas 12 días antes de tal publicación, el momento que usted ingresaba a la Asamblea Nacional para hablar, paradójicamente, de  “periodismo responsable” y que apenas 4 días antes de la misma compartíamos un panel radial para hablar sobre “libertad de expresión”.

Finalmente, valga la oportunidad de decirle a usted y a todos quienes hayan intervenido, directa e indirectamente, en la decisión de montar y difundir tan maliciosa información, que el calumnioso artículo publicado por El Telégrafo no me va a amedrentar, ni logrará que abandone la cruzada cívica que he iniciado con otros hombres y mujeres de mi país en contra de los abusos de poder, la incompetencia, la mediocridad y la corrupción del actual régimen, que ha desaprovechado la oportunidad histórica para sacar al Ecuador adelante, a pesar de todas las condiciones favorables que ha tenido y la confianza que los ecuatorianos depositamos en él.

Dr. Juan Carlos Solines Moreno
CC: 1706734629