Hay 11 artículos en la Ley de Comunicación, que remiten a la creación de un reglamento general  o reglamentos específicos,  para  garantizar  el cumplimiento de la normativa, que entró en vigencia desde el pasado 26 de junio.

Rommel Jurado, profesor y consultor en temas de derechos humanos y comunicación, piensa que lo ideal podría ser un reglamento general, pero que la decisión final debería adoptarla el Consejo de Regulación, que se posesionará hasta el  próximo 26 de julio y de ahí tiene 60 días para emitir el código.

La ley  establece que los consejos deben posesionarse hasta en 30 días luego de aprobada la normaHasta el momento, de los cinco representantes solo tres se han  designado. Doris Soliz, presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, quien representará a los Consejos de la Igualdad; Patricio Barriga, ex subsecretario de Comunicación Política, será representante de  la Función Ejecutiva y Paulina Mogrovejo, iría  por la Defensoría del Pueblo. Los otros dos representantes, que son del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se definirán en los próximos días.

Por lo pronto, los GAD se reunirán el próximo jueves. De su lado, el Cpccs  analiza que la designación  se realice por ternas que presenten cada uno de los consejeros de la entidad y de allí se seleccione al representante. Luis Pachala, consejero del Cpccs, dijo que buscarán que quien  los represente tenga  conocimiento sobre comunicación.    

Jurado manifestó que hay 11 temas indispensables para reglamentar, la mayoría nacería  de las disposiciones transitorias de la Ley de Comunicación.

Afirmó que lo ideal sería un reglamento general y eventualmente para algún tema en específico, un reglamento especial, si es que el consejo así lo requiere. “Esto tendrá que decidirlo el consejo”, reiteró el funcionario, quien asesoró en la elaboración de la ley.

Entre los temas de reglamento específico, Jurado mira que se podría crear una normativa reglamentaria en cuanto a los mecanismos y reglamentación para  el cumplimiento del derecho a la comunicación intercultural (Art. 36). Así también el Art. 49, en el numeral 6,  señala que el Consejo de Regulación tendrá que elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Según el experto debería reglamentarse el Art. 59 sobre los procesos administrativos, en  donde se  definirían los procedimientos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes respecto al ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Los otros reglamentos

Los restantes ocho  ítems, de los 11 tendrían que ver con  la conformación del Sistema de Comunicación (Art. 45), los actores de publicidad (Art. 92), el registro público de los medios (Art. 88), extensión de la publicidad de los medios de comunicación (Art. 93), inversión en publicidad (Art. 96). También se deberán reglamentar la designación de los medios comunitarios (disposición transitoria séptima),  la publicidad que se curse en los programas infantiles (Art. 94). Esto deberá ser calificado por el Consejo de Regulación de la Comunicación.   

El organismo tendría que hacer la aplicación de los reglamentos y no la Superintendencia  porque esta entidad  tendría que procesar los conflictos de derecho que los ciudadanos puedan identificar.

Adicionalmente,  la ley estipula un reglamento del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en donde se  pide  crear norma sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en relación a los espectáculos públicos. Soliz manifestó que trabajarán bajo el lema de diversidad, igualdad, trabajo y no discriminación. Por ello, la entidad alista políticas de  diversidad de aplicación para la  comunicación. Piensan en la creación de  un Observatorio Social de la Comunicación, antes harán  un análisis de los contenidos de los medios.    

Adelantó que se trabajará en normativas y regulaciones “para que estos colectivos de la diversidad puedan ejercer adecuadamente  su derecho a la información y a la comunicación”,  indicó Soliz.

Jose Villamarín, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, piensa que las facultades que tendrá la Superintendencia, así como el Consejo de Regulación, deberían reglamentarse para “evitar discrecionalidad y ambigüedades en la ley”.