La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea recibió este miércoles los argumentos y pruebas de cargo y de descargo dentro de la fase de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal.

Los comisionados escucharon por el espacio de dos horas tanto al legislador del Movimiento Popular Democrático, Jorge Escala, como a la ministra.

Escala reiteró sus diez acusaciones en contra de la funcionaria, entre las que consta la aplicación del Bachillerato Unificado. El asambleísta subrayó que el proceso de elaboración del proyecto no contó con la participación de los principales actores.

"Queremos los cambios, pero queremos que los responsables de esos cambios le digan al país por qué se ha establecido una malla curricular en la cual se han eliminado asignaturas fundamentales para que la juventud conozca cómo se produjeron los procesos de transformación en el Ecuador", dijo.

Además, el asambleísta acusa a la ministra de precarización de los docentes que laboran bajo contrato, incumplimiento del Plan Decenal de Educación en lo referente a la erradicación del analfabetismo; vulneración al principio de gratuidad de la educación; incumplimiento en el pago de jubilaciones de docentes, entre otros.

Ratificó que sus acusaciones demuestran que la funcionaria ha incumplido sus funciones establecidas en la Constitución y la Ley, por lo que pidió a la Comisión que evalúe las pruebas y emita un informe para que el Pleno se pronuncie a favor o en contra del enjuiciamiento.

Por su parte, Vidal calificó las acusaciones de "infundadas" y argumentó que son evidentes las diferencias que existen entre el manejo de la educación en el pasado y los cambios introducidos en los últimos años, que garantizarán un mañana en el cual haya un ciento por ciento de cobertura para todos los niveles de educación; un ciento por ciento de maestros debidamente capacitados y con su nombramiento, para que la contratación se produzca solo por excepción.

Destacó que el Ministerio ha trabajado por garantizar el principio de gratuidad.

Resaltó que miles de maestros han ingresado al servicio de la educación, con base a la convocatoria de miles de concursos a nivel nacional, procesos que se han desarrollado con absoluta transparencia. "Es nuestra misión terminar con los maestros contratados para que todos tengan su nombramiento", reiteró.

En torno al Bachillerato Unificado, la funcionaria aseguró que el proyecto responde, no solo al mandato constitucional y legal, por el cual debía entrar en vigencia a partir del año lectivo 2011- 2012, en el régimen sierra, sino que para su aplicación se realizó un amplio proceso de validación en el cual participaron técnicos, profesionales especializados en docencia, autoridades, maestros, estudiantes y la ciudadanía en general, al punto que muchos de los aspectos que están en vigencia fueron propuestas provenientes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE).