Con seis votos a favor y tres en contra, la Comisión de Fiscalización archivó el juicio político contra Patricio Rivera, ministro de Finanzas, solicitado por el asambleísta Línder Altafuya  (MPD) por presuntos incumplimientos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los votos de los asambleístas de PAIS Fernando Cáceres, Lidince Larrea, Omar Juez, Christian Viteri, César Alvear (alterno de Marllely Vásconez) y de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado (Socialista) dejaron sin piso el pedido de enjuiciamiento contra el Ministro de Finanzas. Solamente legisladores dieron su voto en contra: Tomáz Zevallos (IND),  Luis Morales (Prian) y Denisse Cevallos (PRE).

Rivera era solicitado por Altafuya por el el no pago de la deuda que el Estado mantiene con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La solicitud del legislador del MPD contenía 44 firmas de respaldo desde legisladores de la oposición.

La acusación contra el ministro Rivera fue, según Altafuya, por incumplir con los artículos 371 y 372 de la Constitución, al no realizar las transferencias de los aportes obligatorios del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiente al 40% del aporte obligatorio a las pensiones jubilares y los recursos destinados a atención médica en salud para los jubilados.

“El incumplimiento pone en riesgo las prestaciones que a futuro deberá entregar el IESS, por lo que atenta contra lo establecido en los artículo 34 y 369 de la Constitución que establecen que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado”, dijo el asambleísta Altafuya.

El debate en la comisión duró aproximadamente dos horas y media. Larrea, Viteri y Juez defendieron el trabajo de Rivera y los avances del Gobierno en cuanto a asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el pago con intereses del 13,44% al IESS cuando el Estado Incurre en mora. Además destacaron el pago por $888 millones en efectivo que realizó el Estado al IESS en el año 2008.

Por su parte,  Zevallos indicó que Rivera debe responder a la Asamblea y a los ecuatorianos por comprometer las aportaciones de los afiliados por pedirle préstamos  al IESS para solventar al Gobierno. Además denunció que si bien se pagaron $888 millones, el Estado emitió bonos por $1.500 millones en activos y títulos que no representan una garantía real de pago.

Finalmente se acogió la moción del asambleísta Viteri: desechar el juicio por no encontrarse elementos que justifiquen la comparecencia y sustanciación en la Comisión de Justicia del ministro Rivera, según el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.