El Comandante General de las Fuerzas Armadas Gral. Jorge Peña Coveña, a nombre de la institución, reafirmó su total respeto a los derechos humanos y la obligación de supervisar las actividades institucionales para evitar situaciones que puedan traducirse como atentatorias o discriminatorias por condición racial, etnia, sexo, religión.

La declaración la hizo a propósito de la difusión del caso del Teniente Fernando Encalada a quien el Juez Sexto de Garantías Penales, Franz Valverde, le dictó prisión preventiva, por el delito de odio y discriminación racial contra Michael Arce quien supuestamente habría sido sometido a maltratos y castigos fisicos por su condición de afro ecuatoriano cuando era cadete de la escuela superior militar del ejército en el 2011.

Al respecto Peña señaló que, “lamentablemente se han emitido juicios de valor de ciertos sectores de opinión pública irrespetando los derechos de quien actualmente es sospechoso sin tomar en cuenta de que se está cumpliendo el debido proceso legal”, por tal motivo pidió responsabilidad en la manera como se difunde este hecho, ya que el oficial tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se denuestre lo contrario al igual que un juicio justo.

Recalcó el Comandante que el ejército siempre ha sido una institución integradora con políticas de inclusión y equidad como parte fundamental en la gestión institucional, “todo eso habla de nuestro compromiso de jamas discriminar a nuestro personal”.

Actualmente las fuerzas armadas están integradas por el 78.98 % de mestizos, afroecuatorianos 6.36%; blancos 1.63%; 11.46% pertenecen a diferentes nacionalidades y el 1.14% a representantes de pueblos indígenas.

Sobre el oficial cuestionado señaló que tiene su defensa particular que la paga de sus propios fondos, sin embargo aclaró que es obligación de la institución patrocinar a los miembros que tengan un problema legal por el ejercicio de sus funciones pero en este caso existe un impedimento por la ley de servicio público que prohibe que en este tipo de situaciones el implicado pueda tener una representación legal solventada por la misma institución.