Un trabajo de socialización sobre los alcances y beneficios que tiene la ley 1448, emitida en 2011 por el Gobierno de Colombia, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, iniciaron esta semana funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en el cantón fronterizo de Lago Agrio (provincia de Sucumbíos).

Esta socialización está destinada exclusivamente a aquellos ciudadanos del país del norte que por diversas razones optaron por abandonar su país para venir a vivir a Ecuador.

La actividad comenzó el pasado jueves y culminará mañana; esta es parte de la jornada de registro e identificación de víctimas expulsadas por el conflicto armado, que por más de 50 años se libra en el país fronterizo; actualmente el Gobierno y las FARC se encuentran en una fase de diálogo para poner fin a los enfrentamientos; de igual manera con el ELN.

La ley 1448 otorga medidas para facilitar el retorno de ciudadanos colombianos, así como planes de indemnización administrativa a las personas afectadas por la violencia y que se han visto en la necesidad de abandonar su país.

Durante el primer día de la jornada, que se realizó en las instalaciones del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) en Lago Agrio, la concurrencia de ciudadanos colombianos que habitan en la provincia oriental de Sucumbíos fue masiva.

Uno de ellos fue Efraín (solo se identificó por su nombre), quien acudió para registrarse y poder beneficiarse de la indemnización económica que otorga la ley; no obstante aún se muestra algo escéptico.

“Nos ofrecen cuidarnos para que volvamos a Colombia, pero quién va volver, para que lo maten a uno” señaló el refugiado.

Pese a que vive 10 años en Ecuador afirmó que no piensa, al menos por ahora, volver a su país, solo espera acceder a la indemnización que ofrece su Gobierno.

En tanto que Carmen (su nombre real lo mantuvo en reserva), a sus 73 años, aún recuerda el momento en que salió de su natal departamento de Putumayo para radicarse en la provincia de Sucumbíos hace 10 años, luego de que le asesinaran a 2 de sus 5 hijos, incluso uno se halla desaparecido en Colombia.

La mujer también espera recibir la indemnización ofrecida dentro del plan, con lo cual piensa ayudarse para solventar los gastos de su familia e iniciar un tratamiento adecuado ante una enfermedad que le aqueja.

La indemnización que recibe una víctima del conflicto interno de Colombia, oscila entre los 18 y 40 millones de pesos colombianos, (aproximadamente de entre $ 7 mil y $ 14 mil); “el monto depende de la magnitud del caso suscitado a la víctima”, explicó uno de los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que atiende en Lago Agrio.

Para acceder al beneficio, la víctima debe registrarse y luego pasar por una declaración (entrevista) ante las autoridades de su país; la información es remitida a Bogotá donde la validan y determinan si puede o no ingresar al registro único de víctimas.

Otro funcionario colombiano dijo que la intención de retorno que tienen los colombianos todavía es muy baja; en el primer día solo una persona que habita en la localidad de San Lorenzo (provincia de Esmeraldas) expresó su deseo de regresar a su país.

De acuerdo con Jorge Cáceres, cónsul de Colombia en Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos existen alrededor de 53 mil ciudadanos colombianos, de los cuales más de 20 mil habrían sido expulsados por la violencia.

“Los que tienen estatus de refugiados también pueden ser beneficiados con la indemnización, a todos, sin importar su estatus migratorio les protege la ley de víctimas” indicó el diplomático.

La próxima jornada de socialización se realizará en junio próximo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Actos conmemorativos

Paralelamente, en el vecino país se lleva a cabo la Semana en Conmemoración de las víctimas por desaparición forzada. En el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, la Gobernación, la Alcaldía, la Policía y la unidad de víctimas, entre otros, programaron en esta semana varias actividades alusivas con foros académicos, cine foros, capacitación y actos simbólicos.

Según Adriana Pérez, lideresa de una organización social, espera desde hace 12 años una respuesta de las autoridades de su país a la desaparición de su hermana, presuntamente secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Datos recopilados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas indican que habría un acumulado de 5.122 personas registradas por desaparición forzada, de ellas, 1.398 serían víctimas directas y 3.724 indirectas. (I)