Las medidas cautelares que interpuso la Corte Constitucional (CC) a favor de tres  artículos del Código de la Democracia, aprobados el 6 de enero del 2012, no permiten que el  Consejo Nacional Electoral (CNE) avance en la elaboración de un reglamento integral para las elecciones del 17 de febrero del 2013.

A pesar de ello, el  consejero Juan Pablo Pozo manifiesta  que la entidad trabaja en un reglamento, del cual hasta el momento  contabiliza más de 33 temas que deben incluirse. Es claro y señala que los puntos que aún debe decidir la CC  no se “topan” y están “suspendidos provisionalmente” hasta que ese organismo se pronuncie de manera definitiva, pero a la vez comenta que son puntos “provisionales y  revocables en cualquier momento”.

En total, Pozo recuerda que son cinco las causas interpuestas en la CC, que topan  tres  artículos:  21 (publicidad y propaganda), 19 (método de asignación de escaños) y  207 (prohibición de  funcionarios del Estado y licencias en época electoral).

El pasado 26 de marzo  Alfonso Luz Yunes  fue sorteado como juez sustanciador de las causas y el próximo 24 de abril realizará una audiencia pública, en donde quienes interpusieron las demandas podrán emitir sus criterios, antes que el magistrado tome una resolución.

La entidad  decidió que los cinco procesos que recaen sobre el tema  se acumulen en uno solo.     El   6 de marzo la entidad admitió el pedido de Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 21 de esa Ley, que señala que los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea através de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir  a favor o en contra de un determinado candidato.

También presentaron una demanda los asambleístas Marco Murillo, de Amauta Wasi; Paco Moncayo y  Rafael Dávila, de Alianza Libertad y Edwin Vaca, del  Movimiento Social Conservador, quienes además de la revisión del artículo 21  solicitaron que se revise  el artículo 19, que aborda  la asignación de escaños que divide el método  D’Hondt (para asambleístas nacionales) y de Webster (para provinciales).

Mientras que por otro lado los  asambleístas del Prian  Vicente Taiano, Tito Nilton Mendoza, Luis Morales, Fernando Flores, Lenin Chica, Wladimir Vargas, así como Luis Villacís (MPD), Alberto Acosta (Montecristi Vive), Gustavo Larrea, Diana Atamaint (Pachakutik) y Gustavo Vallejo Fierro (dirigente socialista) pidieron se elimine la ley, aludiendo “vicios de fondo y de forma”.  Así también,  César Ricaurte, de Fundamedios, Diego Cornejo, de la Aedepe,  los periodistas Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Daniela Salazar, Juan Albán, Farith Simon,  Emilia Carrasco, Nicolás Lasso y María Ramos presentaron un recurso  sobre el artículo 207, que tiene que ver con  las prohibiciones a los funcionarios del Estado, que establece la posibilidad de que las autoridades que se encuentren en funciones puedan candidatizarse para la reelección, usando o no la licencia sin remuneración.

Según Wendy Morales, asesora jurídica de la Corte Constitucional,   las acciones que la entidad analiza son de “acción pública de inconstitucionalidad” que están admitidas a trámite. Explica que Luz Yunes,  en su calidad de juez sustanciador, deberá conocer  y tramitar las causas que fueron acumuladas.

Detalla que según el Reglamento de Sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional, Yunes no tiene plazo para analizar estos procesos. Y que éste, al ser un caso de acción pública de inconstitucionalidad, los jueces tendrán la tarea de  identificar las incompatibilidades normativas con la Constitución y como parte del proceso,  Luz Yunes puede solicitar informes técnicos  para el mejor entendimiento de la causa, luego de ello elaborará un proyecto de sentencia, que remitirá al  pleno  en un sobre cerrado. El organismo   deberá pronunciarse en conjunto.

Por su lado, Paúl  Salazar, vicepresidente del CNE, indica que el organismo no tiene   un plazo definido para realizar la normativa secundaria (reglamento) que acompañe al Código de la Democracia en las elecciones del 2013.

Sin embargo, argumenta  que  según el calendario la convocatoria formal  del proceso se hará en octubre y que hasta esa fecha esperan tener claro el accionar, “ luego no se podrán hacer cambios”. Dice que la normativa dispersa fue uno de los principales problemas que encontraron en la elaboración del nuevo reglamento y que ahora lo consolidan en un solo expediente legal.