La Procuraduría General del Estado informó hoy que Meg Kinnear, secretaria general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), registró la solicitud de anulación del fallo contra Ecuador en el caso Oxy.

El pasado 5 de octubre, el Estado ecuatoriano fue notificado con el laudo final del caso Oxy, que lo condenó al pago de 1.770 millones de dólares más intereses, debido a una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y los Estados Unidos, a partir de la declaratoria de caducidad del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación del Bloque 15.

En la carta de registro, Kinnear pide al Presidente del Consejo Administrativo del organismo internacional que se nombre un Comité Ad hoc para que conozca y resuelva sobre la solicitud de anulación presentada por Ecuador.

De igual manera, de conformidad con la petición de Ecuador, y en aplicación de la Regla de Arbitraje 54(2) del Convenio Ciadi, la Secretaria General notificó a las partes con la suspensión de la ejecución del laudo, suspensión que deberá ser ratificada por el Comité de Anulación, una vez que se encuentre posesionado.

Al respecto, el procurador Diego García señaló que "la solicitud de anulación presentada por la defensa del Estado ecuatoriano tiene como principales argumentos jurídicos que el Tribunal se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus competencias, sus decisiones fueron tomadas sin motivación o con motivación insuficiente o contradictoria y se violaron reglas fundamentales del procedimiento, causales que, según el propio Convenio Ciadi, sustentan un pedido de nulidad de un laudo".

A ello se suma el enérgico rechazo generado por la decisión de mayoría en el voto disidente de uno de los miembros del Tribunal Arbitral, la Profesora Brigitte Stern –pocas veces visto en un arbitraje de inversiones– que revela las gravísimas violaciones en las que incurrió el Tribunal al exceder de manera manifiesta los límites de su propia competencia.

"El voto disidente de la Profesora Stern señala la existencia de un laudo de mayoría carente de motivación, contradictorio y en el que se constata un evidente exceso de poder", puntualiza el comunicado de la Procuraduría.

“Estaremos atentos a la conformación del Comité de Anulación, entendiendo que para su integración se buscará a expertos en derecho internacional, con un perfil de independencia e imparcialidad a los intereses de las partes. La credibilidad del sistema de arbitraje internacional de inversiones, seriamente afectada por decisiones como la tomada en este caso, depende de la actuación del Ciadi al momento de integrar el Tribunal y de la decisión que se adopte frente a la solicitud de anulación presentada por Ecuador", acotó García.