En el Juzgado decimocuarto de Garantías Penales de Pichincha se desarrolló esta mañana la audiencia contra 84 uniformados, quienes presuntamente paralizaron los servicios públicos en la Base Área de Quito, el 30 de septiembre del 2010 (30S), día de la revuelta policial.

El fiscal de la causa, Iván Ron, formuló cargos en contra de los procesados, quienes el 30S habrían suspendido las labores de trabajo desde la 8:30 hasta las 16:30 aproximadamente, lo que ocasionó alarma colectiva.

En la diligencia el juez aceptó el pedido de la Fiscalía y prohibió la salida del país de los uniformados, entre los que constan oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y Policía.

La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual se recopilarán elementos de convicción que sustentarían una posible imputación.