La titular de la Secretaría de Pueblos, Rosa Mireya Cárdenas, rechazó la comparación entre los denominados “10 de Luluncoto” con lo que vivieron hace treinta años varios integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), del cual formó parte la funcionaria.

Cárdenas calificó como “montaje” el tratamiento que se le ha dado al proceso, que no solo compara a los grupos sino que, según ella, trata de deslegitimar su participación en el actual Gobierno.

“Frente a ello aclaro en lo personal y, a nombre del colectivo que fuimos parte de ese proceso, que cuando AVC se levantó en armas lo hizo frente a la imposición de un modelo económico y político, el neoliberal, que concentró la riqueza en unas pocas manos, que erigió un Estado policiaco y represivo, que persiguió, torturó y asesinó a los integrantes de movimientos sociales y luchadores populares, y que impuso el crimen y terrorismo de Estado como política oficial”.

Detalló que, a su parecer, “no es gratuito que sean los poderes fácticos los que ahora defienden a los procesados. No es gratuito tampoco que sea Cinthya Viteri, la heredera política de Febres-Cordero, quien persiguió y asesinó a los luchadores de AVC, la que ahora salga en defensa de los ‘10 de Luluncoto’”.

Expresó que se trata de mentir a los ciudadanos al manifestar que ni Febres-Cordero los juzgó por terrorismo, pero que “no dicen que lo que se aplicó en ese Gobierno fue la pena de muerte, como lo atestiguan las decenas de compañeros  ejecutados extrajudicialmente”.

Ayer, previamente a la difusión del comunicado, en una entrevista en Distrito FM, ante la pregunta de si podría establecer un diálogo con los militantes de GCP (organización a la que pertenecerían algunos de los “10 de Luluncoto”), Cárdenas dijo que sí. Además, opinó que, en este caso, la justicia se ha demorado demasiado en tramitar el proceso.