Los siete miembros del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL)  prevén reunirse para analizar el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que indica que el proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios, presentado por iniciativa ciudadana el 20 de marzo, no cumple los requisitos legales.

La Unidad Técnica Legislativa (UTL),  organismo encargado de verificar la legalidad de  los proyectos que se tramitan en la Asamblea, determinó que el proyecto “no cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

El informe “no vinculante” concluyó que el proyecto mencionado “contiene varias disposiciones que contradicen lo dispuesto en los artículos 135 y 301 de la Constitución que establecen como iniciativa privativa de la Función Ejecutiva la creación, modificación, exoneración y supresión de impuestos.

Hasta el momento hay cinco proyectos de Ley de Tierras  presentados, en la Legislatura, por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), el MPD y los asambleístas: Jaime Abril, Marco Murillo y Fernando Cáceres. Mientras que, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) elabora otra propuesta que será presentada próximamente, indicó su dirigente, Humberto Cholango.

Los integrantes de la Comisión Legislativa que tramitará el tema deberán procesar los cuerpos legales y decidir si los incorporan o no al texto de la Copisa.

Las leyes de tierras y territorios, comunas; agrobiodiversidad y semillas; y fomento agroecológico, están a la espera de ser calificadas por el CAL y remitidas a la comisión respectiva. Pero todavía no se han presentado los proyectos de desarrollo agrario, agroindustria y empleo agrícola, sanidad animal y vegetal y acceso de campesinos e indígenas a crédito público y seguro y subsidios alimentarios. Todas estas normas son mandatos de la Ley de Soberanía Alimentaria.

El asambleísta Pedro de la Cruz (PAIS), miembro del CAL, anticipó que  el organismo  debe resolver de acuerdo a la Constitución que los proyectos de ley sean de una sola materia, que tenga la exposición de motivos, articulados, disposiciones transitorias y derogatorias.

“En este caso, el artículo 282 de la Constitución  crea el fondo de tierras  y establece que el Estado normará el uso y acceso a la tierra, y que la ley regulará al fondo. La propuesta no crea el gasto público”, aclaró.

Recordó que el Ejecutivo, a través del Magap,  no entregó la versión final de la propuesta hasta el 1 de marzo pasado que venció el plazo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria.

Otro de los integrantes del CAL, Francisco Ulloa (MPD), explicó que como hay cinco proyectos, este organismo puede calificarlos y enviarlos en paquete a una de las 12 comisiones especializadas que tengan el menor número de proyectos.

Jaime Abril (PAIS) señaló que en su propuesta se establece que un equipo técnico especializado evalúe su producción y determine la cantidad máxima de hectáreas que deberían delimitar la propiedad en la Costa, Sierra y Amazonía.

Además, plantea que se debería determinar un plazo de dos años para producir la tierra, si no lo hace  entrarían a un régimen de sanciones y si se reincide se aplicaría la expropiación.