El Pleno de la Asamblea analizó este jueves, en primer debate, el proyecto de Ley de Distribución del Gasto Social remitido por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

Un grupo de legisladores resaltó la importancia del proyecto, argumentando que permite financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y que busca equidad y redistribución social, tras señalar que con ello no se quiere discriminar a los bancos.

En tanto que otro grupo señaló que también se debe tomar en cuenta a otros sectores económicos para solventarlo o que el Ejecutivo mediante decreto puede realizar el incremento sin castigar a un sector productivo.

El primero en intervenir fue el asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, que elaboró el informe sobre la normativa.

Durante su intervención, explicó que la banca no paga completo el Impuesto a la Renta, por tanto, paga menos 10 puntos porcentuales.

En el 2011, la utilidad bruta del sector financiero fue de 521 millones de dólares menos los rubros de utilidades de trabajadores y el Impuesto a la Renta, recibieron una utilidad neta de 349 millones de dólares. "Durante todo este tiempo el gobierno les ha permitido un beneficio de 44 millones de dólares que ahorraron  por no pagar los 10 puntos porcentuales", subrayó.

"La banca ha prestado mil millones de dólares y ahora quieren decir que porque no van a revertir las utilidades se va a restringir los créditos, esta es la mentira más grande, porque con o sin beneficios es un negocio para los bancos hacer préstamos por las tasas de interés que cobran y van en su beneficio", puntualizó.

"Los bancos dijeron al archivo, ninguna opción, ninguna crítica, ninguna sugerencia, ningún cambio", cuestionó Velasco durante su intervención.

De su lado, el legislador Paco Moncayo criticó que se esté usando el tema del aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) en época electoral. "A mí me preocupa que estén hablando del bono cada vez que estamos en elecciones. Entonces el uno ofrece 50, el dice 70 y el otro 90. ¿Acaso que el voto del pobre tiene precio?", acotó. 

Durante la sesión, los legisladores pidieron además de los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), que se considere los datos de la Superintendencia de Bancos para el cálculo del anticipo mínimo, a la vez que propusieron analizar el porcentaje para la tarifa del impuesto constante en el artículo 2.

Solicitaron que se establezca una transitoria para que la Superintendencia de Bancos sancione a la banca que traslade los costos a los clientes usuarios; y, que se incluya una sanción cuando los bancos no entreguen información al Servicio de Rentas Internas.

Se sugirió realizar una reprogramación del Presupuesto General del Estado para financiar el bono, que nunca debe desaparecer, pues todo momento es oportuno para poner la mirada en los que menos tienen. También se aseguró que en ningún caso este tipo de medidas se afectará a la banca.

Dijeron que la banca aportará para el bono el 40% y el resto vendrá del presupuesto, tras señalar que el proyecto debe llamarse “Ley de justicia redistributiva”. Al recordar la crisis económica que tuvo que soportar el pueblo ecuatoriano en el gobierno de Jamil Mahuad, manifestaron que es momento de socializar las ganancias porque en 1999 se socializaron las pérdidas.

De su lado, el director de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE), César Robalino, insistió hoy en el archivo del proyecto, porque consideran tendría impacto en el otorgamiento de créditos.

"Aspiramos que la Asamblea Nacional recoja nuestros puntos de vista y archive el proyecto, porque en la parte jurídica lo encontramos totalmente inconstitucional", manifestó.