El Ministerio de Comercio Exterior emitió anoche un comunicado en respuesta a una información emitida por la agencia de noticias EFE sobre la inclusión de Ecuador en una supuesta ‘lista negra’ de países infractores de derechos de propiedad intelectual.

El documento oficial señala que “el país respeta las obligaciones asumidas en los tratados internacionales de comercio de los cuales forma parte. Por esta razón, por iniciativa del propio Gobierno, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó ya el informe para debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que califican como delitos la falsificación de marcas y la piratería que afecta a los derechos de autor, con lo que se dará cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y Relaciones con el Comercio (ADPIC). La nueva normativa será considerada por el pleno de la Asamblea en los próximos días”.

Además aclara que “la pretendida ‘lista negra’ no es tal”. Técnicamente es un informe de la administración federal al Congreso norteamericano, en el que observa la situación de los derechos de propiedad intelectual en países socios comerciales de Estados Unidos. Ahí se menciona por primera vez a Ecuador junto con Argelia, Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Paquistán, Rusia y Tailandia.

“El boletín informativo oficial de la oficina del representante de los Estados Unidos para el Comercio (USTR) advierte adicionalmente que Washington realizará una revisión del informe en el caso ecuatoriano, y en los de otros países como Honduras, Paraguay, Tayikistán, Turkmenistán y España”, dice el Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano, que considera que esta acción implica un reconocimiento tácito del proceso de cambio normativo que el país lleva adelante.

El boletín de la agencia EFE señala que en su Reporte Especial anual 301, la USTR colocó a 13 países en su Lista de Vigilancia Prioritaria. Este año el gobierno de EE.UU. sumó a Ecuador alegando que figura en la lista de vigilancia prioritaria debido a que el vacío legal existente facilita la actividad de grupos del crimen organizado dedicados a la piratería intelectual. (I)