Además del sistema de espionaje doméstico, Estados Unidos administra una gigantesca base de datos con muestras de ADN de millones de sus ciudadanos. Después de una decisión de la Corte Suprema en junio de 2013, esta base de datos podrá expandir para no sólo incluir a personas acusadas de crímenes, sido a cualquiera que es arrestado y ha estado bajo sospecha.

Esta base de datos está dirigida fundamentalmente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuyo inventario ampliado de identidades se conoce con la denominación CODIS e integra detalles genéticos de 11 millones de personas quienes tienen antecedentes penales en los EE.UU.

Desde inicios de junio la administración del presidente Barack Obama acusó de traición y persigue al analista Edward Snowden porque denunció ante la prensa un programa global e intrusivo de vigilancia de Washington contra una treintena de países.

Según Interpol, en 2009 habían 54 naciones con bases de datos genéticos de ciudadanos con récord policial, incluidos Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, pero el de los EE.UU. es el más grande. Según el Washington Post, Emiratos Árabes Unidos es el primer país que propone una base de datos genética de todos sus ciudadanos.

El juez de la Corte Suprema de los EE.UU., Antonin Scalia, criticó la recolección arbitraria de muestras de ADN porque dijo "en cualquier momento y, eventualmente, sin causa legítima, sus signos biológicos personales pueden ir a parar a una computadora del gobierno".

Chris Asplen, exabogado neoyorquino, advirtió que existen muchas posibilidades de que se cometan abusos contra la privacidad con estas informaciones, las cuales crean una tensión permanente entre ciudadanos y gobierno, dijo.

También el genetista británico Alec Jeffreys alertó en contra de este programa con el aviso de que autoridades inescrupulosas podrían usarlo para crear un listado de perfil racial, psicológico o de historia médica de las personas.

Esta semana se conoció que el presidente Obama ordenó que los empleados federales se vigilen entre sí y denuncien ante autoridades a los colegas que les resulten sospechosos de traición.

La ordenanza ejecutiva fue certificada en octubre de 2011 como parte de un plan llamado Insider Threat Program (ITP, programa contra amenazas internas) implementado desde esa fecha con muy bajo perfil mediático.

El mandato de la Casa Blanca establece una red de millones de burócratas cuya misión es observar a sus propios compañeros de oficina para detectar comportamientos considerados de alto riesgo para la seguridad
nacional.

Según un reporte de McClatchy Newspapers y la conservadora Fox News, la directriz de Washington fue ratificada después de las noticias sobre las filtraciones del soldado Bradley Manning y el medio digital antisecretismo WikiLeaks.

El ITP cubre cada agencia federal de Estados Unidos, incluyendo los Cuerpos de Paz, el Departamento de Educación, y otras instituciones sin relación alguna con documentos clasificados como confidenciales.

Estas revelaciones coinciden con una crisis de confianza de la opinión pública estadounidense luego que Snowden informara a reporteros sobre la sistemática injerencia de Washington en la cotidianidad ciudadana.