“A más de recuperar garantías, se estudian acciones contenciosas”
El presidente de la República dijo que hay que rescindir el contrato con la empresa china CETC para la compra de 4 radares. ¿En base a qué argumentos legales se tomó esa decisión?
Aquí tenemos que dividir dos momentos importantes para los intereses del Estado: el primero, la decisión de terminar de manera unilateral y anticipada el contrato; lo segundo, la decisión de producir de inmediato el requerimiento de esta necesidad (compra de radares) con nuevos equipos, en virtud de que los equipos adquiridos fallaron.
Pero mientras se concreta la compra, no es que Ecuador está en la indefensión en cuanto al sistema para vigilancia, alarma y control del espacio aéreo, lo que se necesita es fortalecer ese sistema con radares. Debo aclarar que el país, dentro de su visión y concepto de defensa, siempre ha mantenido el control del espacio aéreo, control que no solo comprende radares.
¿Qué comprende entonces el concepto de defensa?
Radares, aviones interceptores y medios antiaéreos. El presidente Correa ha mencionado que desde 1995 las Fuerzas Armadas han quedado en la indefensión respecto a adquisiciones con tecnología de punta, por lo que se compraron aviones Súper Tucano, aviones Cheetah y helicópteros Druv. Para la Fuerza Terrestre y la Fuerza Naval también hubo adquisiciones que potenciaron sus capacidades.
¿Bajo qué causales se terminó unilateralmente el contrato?
El contrato fue suscrito en 2009 por un valor de $ 60 millones, a un plazo de 18 meses. Ecuador, antes de tomar la decisión de carácter jurídico, ha actuado con absoluta buena fe y transparencia. Lo que quiero decir es que hemos agotado todas las instancias previstas por el contrato: prórrogas de plazo por 281 días convenidas hasta octubre de 2011, y un acuerdo parcial de mediación con la Procuraduría General del Estado, que venció en octubre de 2012.
Se han agotado los mecanismos contractuales, diplomáticos y al más alto nivel político. Incluso, hemos tenido gran apertura por parte de la Embajada de China para trabajar de manera constructiva en este tema. Además, se ha actuado con absoluta transparencia, ya que por pedido de la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, este asunto es ahora objeto de un examen, de una auditoría especial de la Contraloría.
¿En qué incumplimientos incurrió la empresa contratista china?
La una: incumplimientos técnicos, que tienen que ver con la integración de los radares con los sistemas de comunicaciones y control. Como lo dijo el presidente, son fallas técnicas de origen que no pudieron ser subsanadas dentro del término previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Otra razón por la cual el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, decidió terminar unilateralmente el contrato es por las multas: ha superado el 5% del valor del contrato. Estas multas se contabilizaron a partir del 18 de noviembre de 2012, que fue el término final de la mediación. Estaríamos hablando de aproximadamente $ 9 millones que tiene que pagar la empresa contratista.
¿Cuándo y cómo se produjo la terminación del contrato?
La intención de la terminación unilateral fue notificada el 9 de abril y la notificación con resolución de terminación el 29 del mismo mes.
¿A quién y cómo notificaron?
A la empresa contratista y al banco emisor de las garantías, en este caso al Banco Pichincha. Adicionalmente, como es obligación del Gobierno precautelar los recursos del Estado, a más de la recuperación de garantías, también se están estudiando eventuales acciones de carácter contencioso, por daños y perjuicios que pudieren haber sido ocasionados por incumplimiento de la contratista.
¿No descartan entonces otro tipo de acciones legales contra CETC?
Absolutamente no para reclamar intereses y si hay un daño emergente y lucro cesante, lo cual tiene que determinarse de acuerdo con nuestra legislación civil. Pero hay sectores que dicen que debe establecerse a los culpables y sancionarlos porque esto ha impedido que el país cuente con un adecuado control y vigilancia del espacio aéreo.
¿Qué opina?
Esto hay que despolitizarlo porque es un tema absolutamente técnico. Por una parte se está cumpliendo con lo que establece el contrato, que es ley para las partes; y por otro lado, no se debe hablar de culpables, sino de responsabilidades, en caso de haberlas, pero que debe determinar la Contraloría General del Estado, a la cual le hemos dado todas las facilidades para que cuente con la información.Con la investigación de la Fiscalía general también hemos colaborado, y le hemos enviado también la información pertinente.
