La primera Asamblea Nacional de Ecuador, el nuevo órgano de la Función Legislativa que creó la Constitución de 2008, cumplirá este domingo tres años en funciones. Durante todo este tiempo ha sido presidida por Fernando Cordero, quien fue reelecto para un nuevo período el 31 de julio del año pasado.

En los últimos doce meses, el organismo, que reemplazó al desprestigiado Congreso Nacional, ha aprobado 16 leyes, que los legisladores consideran fundamental para la creación del nuevo Estado.  

Entre las más importantes está la Ley de Regulación de Poder del Mercado (antimonopolios), la Ley de Discapacidades y la Ley de Propiedad Intelectual. Otras normas de carácter fundamental se han reformado, como el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ésta última vetada totalmente por el Ejecutivo.

Para Marco Murillo, miembro del Consejo de Administración de la Asamblea (CAL), la renovación de este organismo permitió un mejor trabajo.

El asambleísta de Alianza Libertad asegura que no hay ningún tema estancado en el CAL y que se ha dado paso a todos los pedidos de juicio político. Considera que se han aprobado las leyes necesarias, aunque reconoce que aún faltan algunas. Esa misma opinión sostiene Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Ella lleva en ese cargo tres años.

La legisladora socialista explica que la Asamblea ha aprobado todas las leyes que mandan las disposiciones transitorias de la Constitución, excepto las normas de Comunicación, Cultura y Aguas. Para ella, la correlación de las fuerzas políticas ha impedido el trámite de esos cuerpos legales considerados básicos para el nuevo Estado.

Son justamente esos conflictos políticos los que han obstaculizado el trabajo de la Asamblea. Por ejemplo, las reformas al Código de la Democracia aún no pueden entrar en vigencia por la demanda de inconstitucionalidad que interpusieron sectores de la oposición.

Pero la gestión de la Asamblea no solo se ha reducido al trámite de leyes. Un documento publicado por ese organismo indica que, además, se han ratificado seis acuerdos internacionales, entre ellos la Convemar.

Para Murillo, en cambio, se ha avanzado en la elaboración de la consulta prelegislativa, un mecanismo que permite preguntar a los pueblos y nacionalidades cuando algún proyecto de ley afecte sus derechos colectivos.

El veto del Ejecutivo a la Ley de la Función Legislativa retrasó la implementación de la consulta, ya que ese mecanismo estaba contenido en ese cuerpo legal. “Ecuador será el primer país en el mundo que aplicará la consulta prelegislativa para la aprobación de las Leyes de Recursos Hídricos y de Culturas. Para el efecto, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el instructivo que regulará el ejercicio del derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, como titulares de derechos colectivos”, indica el texto de la Asamblea.

Mientras no se aclare la situación de la consulta prelegislativa, no se podrá aprobar la Ley de Aguas, ya que se necesita dialogar con las nacionalidades indígenas.

Actualmente la Asamblea construye las “Casas Legislativas”, que son oficinas que tienen como objetivo acercar a esta Función del Estado con los ciudadanos.

En el último año se abrieron casas legislativas en Nueva York, Toronto, Guayaquil y Santa Elena. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, tiene previsto ofrecer hoy una rueda de prensa para hacer una rendición de cuentas.  

Previamente intervendrá en la radio de la Asamblea un medio público creado este último año.
Así la Asamblea inicia su último año de ejercicio con el  temor de que la coyuntura electoral absorba la gestión del organismo.