El pedido de medidas cautelares que presentó Gilberto Pino, habitante de Torres del Salado -urbanización en la vía a la costa-, contra Petroecuador por la instalación de un gasoducto fue declarado como improcedente por la Unidad Judicial Nº 3 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil.

La audiencia, desarrollada en el  edificio del Consejo Nacional de la Judicatura, en el tercer piso, ubicado en Luque y Tulcán, fue a puerta cerrada, sin acceso para la prensa por pedido de Paola Chilla, jueza que presidió el litigio.

La exposición de los argumentos de las partes involucradas tomo alrededor de tres horas. Al final, Chilla estimó que no existen pruebas de un peligro inminente por la colocación del gasoducto.

Pino criticó que la resolución fue tomada en 15 minutos, luego de la presentación de argumentos por parte de él y de Petroecuador. El ciudadano no descartó apelar la resolución.

Por su parte, la empresa estatal insistió en que los ductos que se instalarán tienen moderna tecnología para evitar desastres.