Un grupo de trabajadores al pie de la tradicional calle Numa Pompilio Llona, al ingreso del Barrio Las Peñas -en el extremo norte del Malecón- se cubre del sol valiéndose de  una caseta construida de madera. Debajo, con palas y otras herramientas, pican un  agujero redondo.

Esto sería parte de las obras de instalación de la escultura del fallecido ex presidente de la República y ex alcalde de la ciudad, León Febres-Cordero, de 1.700 kilos de peso y 5 metros de alto, que realiza el escultor madrileño Víctor Ochoa.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural, en su artículo 27, “todo monumento (...) que se levante en el Ecuador deberá contar con el permiso previo del Instituto de Patrimonio Cultural”.

Pero este no es el caso de esta  mega construcción, ya que según el director de la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Esteban Delgado, no tiene la autorización legal para ser edificada.  
“Nadie nos ha solicitado permiso. Nos dirigimos por vía escrita a la Municipalidad para pedir el proyecto y para que  nos presenten  la autorización. No sabemos, tal vez alguien de la institución años atrás  la otorgó”, explicó Delgado.
Según dijo, un caso similar se dio con la elaboración de la escultura del Mono Machín, a la entrada de los túneles del Cerro Santa Ana.

“La Ley de Patrimonio tiene un mayor peso que las Ordenanzas Municipales y de acuerdo a ella se pueden detener construcciones, abrirse expedientes administrativos o imponerse multas”, dijo.
Pero aunque el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec,  Enrique Tamariz, está de acuerdo con este criterio, dice que no debe ser interpretado de forma radical.

“...En términos de enfrentamiento de una ley versus una ordenanza,  obviamente la ley es superior, pero no se puede interpretar tan fríamente el esquema porque las municipalidades  son las rectoras de la vida citadina y las que mejor comprenden el aspecto patrimonial y artístico de una urbe”, explica.

Para él, tanto Municipio como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural deben llegar a un acuerdo sobre el tema de la construcción de monumentos, pues -afirma- es un asunto local.

No obstante, el tema sobre la escultura de Febres-Cordero abarca más que el aspecto legal.

“Nos preocupa desde el punto de vista arquitectónico. Esta construcción alterará el entorno patrimonial  y rompe la unidad de la zona. Hay un agravante: esta escultura se colocará en un área que está declarada como Patrimonio Cultural”, indicó Delgado.

El INPC considera que este tipo de proyectos deben socializarse de forma oportuna con las autoridades y moradores del sector.