El sistema de transporte Metrovía, pese a que se autodenomina servicio público, se maneja con elementos propios de la empresa privada: concesiones y fideicomisos.

Actualmente, 4 consorcios, una empresa privada y entidades bancarias intervienen en el control, regulación y funcionamiento de terminales, paradas y unidades.

La Fundación Metrovía concesionó a los consorcios Metroquil, Metrobastión y Metroexpress la adquisición y conducción de los 200 articulados y 205 alimentadores que circulan por la ciudad.

La administración del cobro de los pasajes de $ 0,25 -en taquillas o mediante tarjetas electrónicas- está en manos del consorcio Transvía. La entidad, por realizar su trabajo, cobra el 8,9% de cada pasaje cancelado ($ 0,02).

La recaudación es enviada a un banco que se encarga de colocarla en una cuenta de fideicomiso (Futurfid). “El fideicomiso controla los sueldos de los transportistas”, explica Leopoldo Falquez, gerente general de la Fundación Metrovía.

Futurfid, que administra el fondo, fue contratada por la Fundación Metrovía mediante concurso, según la última entidad.

En la Metrovía se movilizan alrededor de 500.000 pasajeros a diario, lo que equivale a una recaudación de $ 125.000. De esa cifra, $ 11.125 corresponden al pago del servicio de Transvía.

El restante $ 113.875, de acuerdo con la fundación, se utiliza en los salarios de los choferes, en el mantenimiento de las unidades y en el pago de crédito e intereses por la compra de los vehículos.

La filosofía del sistema, según Falquez, es no intervenir en los negocios de los transportistas. “Hacerlo significaría para el Municipio tener que ver con una actividad que no conoce, invadir una actividad que tradicionalmente ha sido privada”.

Desde la inauguración del sistema, en julio de 2006, el alcalde Jaime Nebot se ha referido a la alternativa municipal como “transporte público”.

La fundación proyecta completar 7 rutas troncales (funcionan 3) con la finalidad de movilizar a 1’200.000 usuarios. Para ello, requeriría completar una flota de aproximadamente 1.000 unidades (hay 405).

El plazo para su ejecución dependerá de los fondos que asigne el Cabildo para la infraestructura requerida. La administración de Nebot, desde 2006, ha destinado en la construcción de las paradas, vías y estaciones $ 128’453.490.

Augusto Aguirre, presidente del consorcio Metroquil (que maneja una de las troncales), solicita a las autoridades la revisión de la tarifa de $ 0,25 que se cobra en el servicio de transporte.

Aseguró que el valor está en vigencia hace 11 años y que los valores cancelados por los intereses de créditos, para adquirir vehículos, se han incrementado cada año.

La Fundación Metrovía no descartó que, si aprueban el alza de $ 0,42 en el pasaje de los buses urbanos en el país, se podría aumentar la tarifa.

Nebot rechaza competencia para subir pasaje

El alcalde Jaime Nebot aseguró ayer que el Cabildo no tiene la competencia para regular la tarifa del transporte urbano en Guayaquil y que no la asumirá.

El burgomaestre explicó que para responsabilizarse de esa regulación se requiere que el Estado asigne fondos y que aquello no ha ocurrido.

Sin embargo, adelantó: “No voy a recibir una competencia para perjudicar a los habitantes del cantón”.

Admitió que existe un desequilibrio en el presupuesto del transporte urbano por una tarifa que tiene 14 años en vigencia, pero que eso debe ser resuelto por el Gobierno Nacional y no por los municipios.

Asimismo, aseguró que la Metrovía se rige por el tarifario que se aplica en el país, pero no especificó si habrá un aumento del pasaje en caso de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) apruebe la subida.

Destacó que el sistema municipal respeta el medio pasaje ($ 0,12) para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados.