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Los moradores pagaron hasta $ 4.000 por lotes

Inicia juicio por el caso de la cooperativa La Karolina

Los habitantes de la cooperativa La Karolina buscan adquirir los terrenos donde viven a través de un convenio con la Corporación Financiera Nacional. Foto:  Eduardo Escobar / El Telégrafo.
Los habitantes de la cooperativa La Karolina buscan adquirir los terrenos donde viven a través de un convenio con la Corporación Financiera Nacional. Foto: Eduardo Escobar / El Telégrafo.
14 de agosto de 2014 - 00:00 - Redacción Guayaquil

La audiencia de juzgamiento contra Enrique A. y Jenny M., por el supuesto delito de estafa en la venta de terrenos en el sector La Karolina (Monte Sinaí), comenzó ayer en la Corte Superior de Justicia.

Los habitantes de la cooperativa de vivienda La Karolina solicitaron a las autoridades que resuelvan en forma inmediata la demanda para poder legalizar sus terrenos.

Según Carlos Torres, uno de los perjudicados, Enrique A. (a quien moradores acusan de ser uno de los representantes de la cooperativa) buscó refinanciar una deuda con el Estado. El ciudadano rechazó la posibilidad de realizar cualquier tipo de convenio de pago propuesto por los acusados.

Los lotes, afirman los moradores, fueron adquiridos a través de la cooperativa. En total 60 hectáreas, donde habitan 1.200 familias, se obtuvieron.

El terreno fue fraccionado y lotizado en forma ilegal, según una investigación realizada por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi). Los moradores llegaron a pagar hasta $ 4.000 por los lotes a la cooperativa La Karolina.

El titular de la Stpahi, Julio César Quiñónez, solicitó que los acusados sean sancionados con el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Con la nueva normativa, que ya está vigente en el país, la pena oscila ahora entre 5 y 7 años de prisión.

Además, el intendente de Policía podrá intervenir directamente en estos casos para evitar asentamientos irregulares, sin necesidad de una autorización previa de un juez.

Por su parte, la Stpahi podrá desalojar estas edificaciones ilegales sin necesidad de un pronunciamiento del Municipio.

Quiñónez explicó que la cooperativa La Karolina y otras 7 asociaciones similares en el país habrían realizado sus actividades en confabulación, incluso, con funcionarios municipales y notarías.

Los habitantes plantearon, desde 2013, una demanda en contra de Enrique A. y Jenny M. para demostrar el perjuicio por presunto delito de estafa y así adquirir los terrenos a la CFN una vez que la entidad estatal los remate.

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