Guayaquil frente a la primera junta autonómica de Quito de 1809 (I)

Resulta imprescindible profundizar en el peso gravitante que tuvieron los cabildos o gobiernos locales en el proceso, ya que estas entidades corporativas se convierten en las sostenedoras de los proyectos y pronunciamientos autonómicos, incluso antes de la expedición de la primera constitución liberal que conoció el mundo hispánico: la Constitución de Cádiz de 1812.

Algunos historiadores han observado la importancia decisiva de los “cuerpos intermedios” en la reivindicación de la soberanía de los pueblos, ante la vacatio regis o ausencia temporal del Rey Fernando VII. La vacatio regis propició una vacatio legis o vacío legal que intentó llenarse con la asunción del poder de los ayuntamientos, lo cual no era nuevo, ya que desde la instauración del sistema colonial español, los cabildos jugaron un papel fundamental en la creación de nuevas sociedades políticas.   

Este fue el caso de Quito, cuando el 10 de Agosto de 1809, el ‘pueblo’ de la ciudad desconoció a las autoridades y nombró un nuevo gobierno. El grupo dirigente criollo estaba conformado por marqueses y algunos miembros del clero que simpatizaban con la causa autonómica. Según muchos historiadores que han estudiado detenidamente el proceso, el principal móvil de la insurrección de 1809 fue promover la autonomía del “reino” de Quito, frente a los virreinatos de Lima y Santa Fe.

Pero el error político de los cabecillas del movimiento fue creer que Quito lideraría un movimiento en todo el territorio de la Audiencia, pensando que las demás regiones apoyarían el acto de manera incondicional. Por el contrario, las gobernaciones de Popayán, Guayaquil y Cuenca se opusieron duramente a las nuevas autoridades e incluso despacharon tropas para someter a los rebeldes.

Además, las élites de Guayaquil y Cuenca entendieron que en términos económicos el proyecto autonómico quiteño no era viable porque tal como lo reconocían sus testigos, “si vemos la posición geográfica de Quito, la hallamos sepultada en el interior del continente, sin más relaciones políticas  que hasta el pueblo de Tulcán por la parte norte, y hasta el de Guaranda por la del sur, que son los confines de la Provincia con los desiertos desconocidos al levante y poniente. Las producciones generales no pasan del trigo, cebada, papas, maíz y un poco de azúcar; de las cuales no pudiendo hacer ningún comercio por la dificultad de exportación, apenas basta para sustentar a los naturales”1.

Era fácil suponer que una ciudad con una débil y fracturada economía no podía sostener un proyecto insurreccional de este tipo. En cierta forma, los notables de Cuenca y Guayaquil veían, en ese pronunciamiento, una jugada desesperada de los terratenientes obrajeros quiteños, junto a una especie de provocación a las gobernaciones vecinas, al pensar que estas apoyarían el proyecto de la manera inconsulta como se lo planteó.

Con mayor razón, si en el texto del pronunciamiento se hace un llamado a regiones pertenecientes a ambos virreinatos (Lima y Santa Fe), como eran Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, revelando las aspiraciones hegemónicas de las élites criollas de Quito, que se hicieron manifiestas cuando la Junta envió tropas al norte para someter a los pastusos.

Conviene introducir el problema de la diferenciación regional que se impone en toda lectura sobre las independencias hispanoamericanas. Las condiciones de aislamiento geográfico, fragmentación social y ausencia de un “centro” político, así lo imponen. A la existencia de proyectos regionales desemejantes y hasta opuestos se añade la presencia de ritmos y temporalidades desiguales.

La existencia de culturas políticas disímiles marcó respuestas heterogéneas al movimiento insurreccional, por lo cual, la negativa que dio Guayaquil a la primera junta autonómica de Quito (10 de Agosto de 1809) fue la respuesta de una élite criolla regional –y por lo tanto, de una región a otra-, por su provocación y atribución de competencias, en rechazo “al principio de que una capital del reino tenía derecho a representar”2 al resto de los pueblos de una jurisdicción administrativa.

A pesar de lo anterior, la historiografía tradicional ha repetido el error de endilgar a los guayaquileños y cuencanos de 1809, el calificativo de “realistas”, lo que muestra el eco de una “falsa conciencia” antiespañola. Como dice el historiador Jaime E. Rodríguez, “estos historiadores no logran comprender que en ese momento, ni los quiteños ni la mayoría de la gente en América quería la independencia”3.

Se deduce entonces que a Guayaquil no le interesaba romper con España, en 1809, porque las medidas borbónicas favorecían su proyecto económico y político. Se habían abierto los circuitos mercantiles y el cacao guayaquileño se vendía libremente en todos los puertos de la América española.

(Texto extraído de Ángel Emilio Hidalgo, “Guayaquil frente a la primera junta autonómica de Quito de 1809”, Revista Afese, N° 51, Quito, 2009).

1. “La revolución de 1809: Cinco Cartas de un Realista Anónimo”, citado en Alonso Valencia Llano, “Élites, burocracia, clero y sectores populares en la independencia quiteña (1809-1812)”, en Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, No. 3, Quito, Corporación Editora Nacional, 1992, p. 66.

 Jaime E. Rodríguez, “La antigua provincia de Guayaquil durante la época de la independencia, 1809-1820”, en Jaime E. Rodríguez, coord., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005, p. 528.

3. - Jaime E. Rodríguez, ibídem.