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Los terrenos ubicados al noroeste de la ciudad están embargados por la cfn

Gerente de La Karolina niega participación

Un letrero a la entrada de La Karolina indica que el bien está embargado por el Estado. Foto: José Morán.
Un letrero a la entrada de La Karolina indica que el bien está embargado por el Estado. Foto: José Morán.
24 de mayo de 2014 - 00:00 - Redacción Guayaquil

Un grupo de afectados por la irregular lotización de terrenos se presentó ante la Corte de Justicia para denunciar la estafa que, supuestamente, habría cometido la cooperativa de vivienda La Karolina, en el noroeste de la ciudad.

Los habitantes acudieron en compañía de las autoridades de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) que, el miércoles pasado, denunció a 8 cooperativas por vender lotes, en su mayoría de propiedad estatal.

“Me hicieron desbaratar tres casas. Las dos primeras porque el señor Enrique Avilés había vendido el terreno y la tercera porque derribaron el cerro en donde estaba asentada”, manifestó un perjudicado que prefirió omitir su nombre.

Por su parte, el abogado Víctor Montero, gerente encargado de La Karolina, puntualizó hace un tiempo que como precooperativa se habían vendido terrenos “antes del embargo de la Corporación Financiera del Estado (CFN)”.

Además precisó que no se trata de 60 hectáreas de lotes ocupados, como aseguró la Stpahi, sino de 38.

Hizo hincapié en que existen ‘manos negras’ dentro del proceso de lotización y señaló como presuntos responsables a las hermanas Lila y Gladys Avilés, y Francisco D’Frank Arcelles; hijas y yerno de Enrique Avilés, propietario original de estos predios.

A ellos los acusó de haber conformado una ‘seudoasociación’ dentro de la cooperativa para vender y revender terrenos.

Montero reconoció que existen irregularidades dentro de ciertos manejos de la cooperativa y que el motivo de su reclamo fue porque se mencionó a La Karolina como asentamiento ilegal y no se diferenció entre lo actuado por la anterior gerenta, Jenny Medranda, y su gestión, la que apenas inició en el mes de febrero.

Además amenazó con demandar a Julio César Quiñónez, titular de la Stpahi, por sus aseveraciones. Quienes se sienten estafados por la cooperativa aseguran que Montero no los representa.

“Nosotros no queremos que nos dirija nadie. No nos sentimos representados. Nadie quiere que ese señor sea el dirigente. Ha amenazado con sacarnos de nuestras viviendas”, señaló una de las afectadas que solo se identificó como Nancy.

La mujer acotó que en La Karolina hay lotes que no pueden ser usados porque “entre cinco familias se los disputan y se amenazan hasta con atacarse a machetes”.

Mientras Quiñónez dejó claro que las amenazas de Montero no le preocupan y que “puede iniciar las acciones penales que quiera porque tanto él como su entidad irán hasta las últimas consecuencias”.

Aclaró que nunca se mencionó que La Karolina no tiene personería jurídica sino que las irregularidades deben ser investigadas.

“Ustedes pregunten si los señores (habitantes) tienen los títulos de propiedad y servicios básicos. La misma forma de operar tiene un sinnúmero de cooperativas y precooperativas. Son al menos 1.245 familias las afectadas y como prueba están los testimonios de cada uno de ellos”, manifestó Quiñónez.

Acotó que las personas que se sientan estafadas por las cooperativas de vivienda denunciadas por la Stpahi deben exigir la devolución de lo que pagaron por los terrenos, todo con el objetivo de que en el futuro las propiedades puedan ser legalizadas.

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