“Cada Municipio realiza su plan de ordenamiento territorial”

La asambleísta Verónica Guevara (PAIS), representante ante el Legislativo por el Distrito 4 de la provincia de Guayas, considera que la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo significa un aporte importante para el crecimiento ordenado de los cantones.

El estatuto, actualmente, está en etapa de borrador y es socializado por los miembros de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope) y Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (Conajupare). Guevara cuestiona que el proyecto de ley es criticado por sectores de oposición.

El alcalde Jaime Nebot ha manifestado que lo que busca esta ley se opone a lo que dice la Constitución en cuanto a la autonomía de los gobiernos municipales. ¿Esto es cierto?

El objetivo real de la ley es, definitivamente, desarrollar en materia de ordenamiento territorial, gestión y uso de suelo. Esto que afirmó Nebot hace algún tiempo y que ha sido repetido por Mauricio Rodas (alcalde de Quito) realmente no tiene razón de ser cuando en la misma Constitución encontramos en el artículo 133 que la Asamblea establecerá leyes de competencia para los municipios, para articularlas en los gobiernos autónomos descentralizados. Esto no riñe con la Constitución de ninguna manera.  A mí me parece que esto se sataniza, se lo utiliza como un manejo político. Esto ya fue planteado en el eje de revolución urbana desde 2012. Se habla de que se quiere restar autonomía, que se quiere intervenir en las competencias, cuando lo que se busca es optimizar los recursos y que halla una no intervención como centralismo. Más bien lo que se quiere es una centralidad, es decir, que existan conceptos claros, qua haya ordenanzas estandarizadas para atender a  los territorios. Por ejemplo, se habla de por qué existe una junta reguladora y una superintendencia cuando esta solo interviene cuando existen actos de ilegalidad. Le pongo un ejemplo: en Naranjito se otorgaron permisos de construcción al pie de la carretera, lo cual está prohibido. ¿Quién controla o sanciona eso?

¿Esa sería la esencia de la ley, solo sancionará irregularidades?

Es básicamente lo que los ciudadanos queremos: ciudades organizadas. No vamos a negar tampoco que la mayoría de ciudades no ha puesto los límites urbanos y ahí están las invasiones. Tres millones de personas han logrado obtener su vivienda en base a ilegalidades. A esto nos referimos con optimizar los recursos que entrega el Gobierno: que haya obras planificadas de alcantarillado, goce y disfrute de parques y áreas verdes, áreas públicas... con toda la centralidad del caso. En lugar de restar competencias queremos potenciarlas. La idea es que los alcaldes socialicen, la ley apenas está en borrador. Nosotros estamos actuando en forma responsable y socializando con todos los sectores, nos hemos reunidos con distintos niveles de gobiernos, lo que se quiere es que haya una política articuladora. Hemos tenido reuniones con AME, Concope, Conajupare... mientras más aporte haya a esta ley ¿por qué oponernos en una forma absurda? Si ellos (Nebot y Rodas) creen que hay interferencia en las autonomías ¿por qué no sentarse en la mesa a dialogar? ¿por qué no acercarse con propuestas fundamentadas? No podemos hacer una oposición absurda diciendo “no voy a cumplir la ley”... Nadie está por encima de la ley.

En un estudio realizado por técnicos de la Unión Europea se determinó que en los cantones con mayor densidad poblacional se concentra el 40% de la población del país, pero apenas se ocupa el 4% del territorio.

No hay una distribución equitativa, no hablamos de calidad urbanística y por eso es que los alcaldes deben proponer. Ellos deben ver la realidad de cada uno de sus territorios con sus particularidades. Aquí en Guayas tenemos 25 cantones, cada uno es diferente y en muchos hay asentamientos irregulares. Este Gobierno ha implementado acciones que serán complementadas con esta ley. La Unión Europea ha hecho un importante aporte con este estudio que también debe ser considerado por los alcaldes. Por ahí un asambleísta de oposición ha dicho que el Gobierno va a confiscar los terrenos... Por favor, a estas alturas con la transparencia que estamos manejando en este borrador no podemos caer en ese discurso o tratar de posicionar un discurso totalmente falso.

Dentro de las ciudades, de pronto, se pueden dar casos de que los terrenos se estén concentrando en unas pocas manos...

En las manos de los privilegiados que muchas veces también manejan la información. La Superintendencia controlará todo eso pero no les va a restar competencias. Sin embargo, sí debe haber una distribución equitativa, control de la plusvalía... Hay personas de clase media que no pueden comprar alrededor de una obra que se realizará porque hay gente que maneja la información para, justamente, ganar en plusvalía, comprar terrenos y especular con eso.

¿Guayaquil es acaso una de las ciudades con mayor crecimiento desordenado?

Posiblemente, mire en los sectores donde se ha intervenido. La Ley 88, por ejemplo, ha beneficiado a personas de Monte Sinaí. Ellas no podían disfrutar de las obras y una mejor calidad de vida, tenían servicios básicos vendidos por traficantes de tierras, vivían engañadas, explotadas... En base a esa realidad, a ese crecimiento desordenado que ha imperado en la ciudad, estamos creando esta ley.
Yo no comprendo como alguien puede oponerse a un estatuto que nos hará bien. En los cantones más pequeños sucede que han crecido las ciudadelas y no se han respetado los espacios denominados áreas verdes, no hay lugares para parques, no hay lugares para recreación... La ley hará respetar esos espacios.

En el borrador se establecen medidas del tamaño de las aceras y la cantidad de áreas verdes que deben existir en las ciudades...

Se estandarizarán las ordenanzas municipales, eso es básicamente lo que se persigue en la ley. Actualmente cada Municipio se maneja con sus propias especificaciones y, sin embargo, por poner un ejemplo, hay lugares donde no se respeta la accesibilidad y movilidad para el tema de discapacitados.

¿Es viable que en todas las ciudades haya esa estandarización? ¿No se atenta, de alguna manera, con la identidad arquitectónica de cada cantón?

No, cada Municipio realiza su plan de ordenamiento territorial. No es que el Gobierno se lo propone, ellos lo elaboran. Lo que la ley pretende es supervigilar y supervisar que cada Municipio cumpla con ese plan de ordenamiento territorial, darle herramientas para que sean optimizados y la Superintendencia, obviamente, controlar que se cumpla.

¿Cómo se pueden regular los precios de las tierras y cómo se debe hacer el cálculo?

Una vez delimitado el territorio, hay el área urbana consolidada y la urbanizable, que es, a mediano plazo, hasta donde se  extenderá la ciudad. El precio se fijará de acuerdo a las proyecciones de los municipios. Por ejemplo, un alcalde puede decir que su ciudad crecerá un 5%, se puede calcular en base a eso o a su vez con una plusvalía moderada, con el valor de la inflación, con una tasa razonable de ganancia. Esto aún se trabaja y acoto que el precio lo regula el mercado.

¿Puede ocurrir una burbuja inmobiliaria en Ecuador como en España?

Es un riesgo que se corre pero con la estabilidad económica que existe en el país, y que esperamos que se mantenga con la Revolución Ciudadana, no hay avistamiento que pueda existir este tipo de problema en el país.