El Ministerio del Ambiente (MAE), luego de dos meses, levantó la suspensión de la acreditación ambiental al Municipio de Guayaquil.

La cartera de Estado explicó que le devolvió las competencias una vez que el Cabildo cumplió con algunas disposiciones. Pero, añadió el ente nacional, la medida tiene ciertos condicionamientos.

Una de las restricciones es que, desde ahora, el gobierno seccional ya no podrá emitir licencias ambientales a sus propias obras, es decir, actuar como juez y parte, “como se lo hacía”, observó el MAE.

En las últimas reuniones mantenidas entre representantes municipales y el Ministerio del ramo, se establecieron compromisos que deberá cumplir el ayuntamiento en los próximos 90 días. “Caso contrario se puede revocar la acreditación”, aclaró el ente rector de la política ambiental en el país.

En el citado plazo, el gobierno seccional debe proporcionar los expedientes de los proyectos de alto impacto ambiental para los cuales no tenían competencias para regular (empresas que manejan productos químicos peligrosos y actividades estratégicas como la regularización de canteras).

También, la Alcaldía tiene que dejar insubsistentes los marcos regulatorios (ordenanzas) para minería y estaciones bases de celulares, que no guardan concordancia con la normativa ambiental nacional.

Por disposición y por ley, además, el Municipio debe, inmediatamente, crear la Comisaría Ambiental para atender los trámites sobre las denuncias presentadas por contaminación, “ya que esta nunca existió”, afirma el Ministerio del Ambiente en un comunicado.

Finalmente, el ayuntamiento debe reformar la ordenanza en cuanto a su gestión ambiental.

Lorena Tapia, titular del MAE, detalló que durante la suspensión no se paralizaron los trámites de regularización, los cuales han sido atendidos desde el 9 de septiembre de 2013 en la Dirección Provincial de Ambiente del Guayas. En promedio, diariamente, “fueron atendidos 30 usuarios”.

En la auditoría de gestión que hizo el MAE al Cabildo se reportaron 34 no conformidades mayores, cuatro no conformidades menores y seis  observaciones en los  procesos de regularización ambiental, control, seguimiento y monitoreo. “Las observaciones son significativas”, aseguró la cartera de Estado.