La Armada del Ecuador confirmó que junto con la Prefectura de Guayas terminaron por mutuo acuerdo el contrato que habían firmado para el dragado del río Guayas.

En un comunicado, la institución castrense informó que los funcionarios (Director y Prefecto) que presiden el Servicio de Dragas (Serdra) y el Gobierno Autónomo provincial Descentralizado del Guayas legalizaron un convenio para la terminación del contrato No. O-OBR-34-2018-X-0, para el “Dragado de la II fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar”.

Con la legalización del convenio, las partes (Serdra y Prefectura) acordaron además dejar sin efecto los procesos judiciales y administrativos de la siguiente forma:

El Gobierno Autónomo Descentralizado (Prefectura) revocará la decisión de terminación unilateral del Contrato, así como dejar sin efecto administrativo el Oficio Nro. GPG-SG-0902-2019 del 21 de agosto de 2019, con el cual se inició dicho proceso.

A su vez, la Armada del Ecuador desistirá de la acción constitucional que se tramita en la Unidad Judicial Penal del Guayas con competencia en Delitos Flagrantes. Para ello deberá presentar un escrito al Juez de la causa, indicando que desiste de la acción presentada.

La #ArmadaEcuatoriana informa a la ciudadanía sobre la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE DRAGADO con la Prefectura del Guayas.
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— Armada del Ecuador (@armada_ecuador) October 1, 2019

Además, la Armada requerirá al Ministerio de Finanzas, en el plazo de cinco días, que el Banco Central del Ecuador deposite en la cuenta de la Prefectura del Guayas, la cantidad de $ 11´839.410,58, que constituye el valor del anticipo recibido por Serdra y que no está en disputa.

Respecto al saldo de $ 1´982.764,74 correspondiente a bienes y servicios ejecutados por el Serdra para cumplimiento de los Rubros Contractuales, las partes (Serdra y Prefectura) aceptan que un arbitraje técnico resuelva esas diferencias, señala el comunicado de la Armada.

“El Servicio de Dragas, velará por el cumplimiento de lo establecido en el convenio, de los intereses del Estado, así como de los derechos de las 140 familias ecuatorianas que laboran en las dragas y su administración”, puntualiza el documento. (I)