Los problemas para la familia de María Quiña, quien fue agredida hace cerca de una semana por miembros de la Policía Metropolitana (PM) del Municipio de Guayaquil, no han terminado con el despido de sus agresores.

La mujer, de 63 años, aún no se recupera de la tumoración metacarpiana (hinchazón en la muñeca) provocada tras ser trasladada 12 kilómetros con la mano atrapada en la ventana de una camioneta municipal. El hecho sucedió el pasado 20 de enero y fue registrado en videos y fotos por ciudadanos que observaron la situación.

Por esos daños a su salud (además padece reumatismo), todavía no ha podido retomar la venta informal de botellas de agua y jugos en la Terminal Terrestre. “Solo me sentiré mejor cuando sea para trabajar”, expresa en su hogar.

Desde la agresión, ningún representante del Cabildo porteño se ha acercado para hacerse cargo de la recuperación médica de la comerciante. Tampoco ha recibido ayuda para devolverle el puesto que tuvo en la estación antes de la regeneración urbana. Así cuenta la hija de la afectada, Sonia Cañizares, quien también trabaja en el mismo lugar.

Pero conforme transcurren los días, aparecen más problemas para la familia dedicada al comercio autónomo. Hace tres días, denuncia, la amenazó un miembro de la Policía Metropolitana que coordina  actividades de la tropa en la zona de la Terminal Terrestre.

Aunque desconoce el nombre del elemento, Sonia afirma que el individuo la acosa constantemente. Cada vez que los metropolitanos comienzan a decomisar mercadería a los vendedores autónomos “da la orden de iniciar por las mujeres y por mí”.

Las retaliaciones, según la perjudicada, comenzaron desde que denunció hace unos años a una coordinadora de la PM por abuso de autoridad. La imputada fue retirada del sector de la terminal.

“El reemplazo de la ‘susodicha’ es el actual responsable de la zona y, desde el despido de los agresores  (Marlon C. y José P.), está empeñado en fastidiarme”.

El miércoles anterior, el coordinador la habría llevado ante un miembro de la Policía Nacional con el propósito de que Sonia fuera retenida bajo el cargo de “agresión verbal”.

El gendarme, comenta la vendedora, se negó a detenerla. “A usted la he de ver presa, me dijo el coordinador de los metropolitanos”.

Por esa razón, solicita al Cabildo que haga una inspección, de forma incógnita, para que conozca cómo trabaja su personal de la PM.

Por su parte, la concejala de PAIS Yahaira Solórzano (alterna de Carlos Luis Morales) propone que la Alcaldía reestructure el sistema que controla a los agentes municipales.

Solórzano considera que la tropa debe ser evaluada sicológicamente y recibir capacitación periódica en derechos humanos. “Eso no existe, ellos salen directamente a garrotear en las calles”.

Acota que debe existir mayor inclusión de mujeres en la tropa para que haya un mejor trato hacia los comerciantes. La propuesta será presentada formalmente al Concejo en los siguientes días.

De otro lado, la Fiscalía del Guayas inició una nueva investigación contra los policías metropolitanos Marlon C. y José P. por el delito de odio que sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, según el art. 177 del Código Orgánico Integral Penal.

El fiscal César Peña dispuso receptar las versiones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y del procurador síndico del Cabildo, Miguel Hernández, el próximo lunes (a las 09:00 y 10:00), en la Unidad de Personas y Garantías de la entidad judicial provincial.