E.A., un refugiado colombiano que en el centro de la ciudad vende juguetes gomosos que se adhieren a la pared, cuando pasa un policía metropolitano le entrega en la mano derecha un objeto plano similar a un sobre. El movimiento es rápido y casi imperceptible.     

La escena anterior es un fragmento de varios videos que el comerciante informal entregó, a la Defensoría del Pueblo del Guayas, como prueba de una denuncia contra los agentes municipales por extorsión. Las grabaciones, en las que se repite la acción, fueron presentadas durante la última audiencia en la dependencia pública.

La documentación visual, cuya autoría y mecanismos de grabación no fueron revelados, fue presentada al final de la audiencia en la que estuvieron delegados del Municipio,  Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

DATOS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estableció, en 2010, que en  Guayaquil hay 509.000 subempleados, de los cuales 200.000 son comerciantes informales que están ubicados en la denominada “Bahía”.

Además, existen 754 comerciantes mayoristas y 13.662 minoristas formales, y se considera que el grupo de informales llegaría a 1.370.

En mayo de 2013, la primera audiencia de la denuncia del ciudadano colombiano E.A. en contra de la Policía Metropolitana  fue suspendida por falta de información de los agentes imputados.En mayo pasado, E.A., quien reside en la ciudad tras escapar de la guerrilla en su país, denunció que desde hace varios meses policías metropolitanos, para permitirle trabajar en la zona regenerada, le vienen exigiendo una tasa de un dólar  por cada agente presente en la zona.

Según el comerciante, ha llegado a cancelar hasta 5 dólares diarios cuando aparecen varios celadores. “Si no tenía cómo darles, me tenía que ir a mi casa”, relató el colombiano. Julián Pérez, abogado del SJR y representante legal de E.A., explicó que los videos muestran que los agentes reciben dinero de su defendido. “Sin embargo, los peritajes que realice la Defensoría determinarán la veracidad de las grabaciones”.

Pérez apeló a la Constitución y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para defender el derecho al trabajo. “Nosotros consideramos que existe una política dentro del Municipio de Guayaquil que es atentatoria contra el derecho al trabajo”.

El letrado se refiere a la “Ordenanza que norma la instalación de kioscos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad de Guayaquil”. Esta norma, vigente desde 2006, prohíbe en su artículo 6.2.4 la venta ambulante y todo tipo de comercio informal.

Sin embargo, Segundo Naranjo, representante del Departamento Jurídico del Cabildo, durante su intervención en la audiencia del lunes anterior,  aseguró que no se violentó ningún derecho de E.A. y que se actuó acorde con lo que estipulan las ordenanzas. “Dentro de esos parámetros, nosotros, como Municipio de Guayaquil, podemos dar fe y podemos responder cualquier situación”, indicó Naranjo.

Con respecto al acto registrado en las cintas, antes de que fueran presentados en la Defensoría, Naranjo justificó que  aquello  “no nos compete, para eso están las autoridades. En este caso  los jefes de quienes han incumplido alguna situación para que los sancionen”. Tras exponerse la documentación los delegados del Cabildo optaron por no pronunciarse.

Por su parte, Billy Navarrete, secretario del CDH, informó que hubo un acercamiento entre los municipales y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Lo que conocimos es que hay interés por capacitar a los policías metropolitanos sobre derechos humanos”.

Navarrete recordó que en mayo de 2004 fueron capacitados 90 agentes, aunque no participaron los superiores de las tres compañías de “Más Seguridad”.

Además, calculó que  en el 80% de abusos cometidos contra comerciantes informales  (casos conocidos a través de denuncias públicas en la ciudad) han intervenido  agentes del Cabildo.

Los delegados municipales, hasta el momento, ofrecieron a E.A. la posibilidad de trabajar en los mercados municipales. La resolución de la Defensoría del Pueblo, sobre este caso, se dará a conocer la siguiente semana.