La incertidumbre se percibe en la mayoría de colaboradores de la Prefectura del Guayas, que desde el lunes anterior no pueden ingresar a la dependencia para laborar.

A algunas personas, la notificación les llegó el pasado domingo de forma verbal en llamadas y mensajes vía celular: Que no debían acudir a trabajar y que podían regresar a sus actividades normales a partir del lunes próximo.

Otros, como Guillermo Zambrano, del área de mantenimiento, se enteraron recién el lunes pasado. “Ni siquiera pasaron un memo o un correo para notificar”, comentó.

En la entrada, tres personas custodiaban el ingreso  con una lista de aproximadamente 100 nombres de quienes podían ingresar a realizar sus actividades diarias.

La información de que las labores se retomarán en cuatro días fue corroborada por Ángel Sánchez, del Departamento de Comunicación de la Prefectura, en una consulta realizada vía telefónica.

Según un comunicado, la disposición de suspender las actividades se basó en el artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).

En este se cita como atribución del Prefecto “dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al consejo en la sesión subsiguiente”.

En consecuencia, el prefecto Carlos Luis Morales dispuso el cierre parcial de las instalaciones con una ocupación mínima de colaboradores por un tiempo estimado de 72 horas.

Según Julio Jalón, coordinador del Departamento de Seguridad y Salud Ambiental, las instalaciones del edificio central no reúnen las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los colaboradores.

Durante un recorrido, señaló la disposición de documentos y asignación de espacios de trabajo. Además, “no se ha evidenciado un correcto manejo de plagas ni del sistema antiincendios”, aseguró.

A partir del lunes próximo,  además del retorno de los trabajadores, la Prefectura   habilitará la atención parcial a la ciudadanía para trámites, como permisos ambientales.

La medida forma parte de un proceso de auditoría efectuada por la firma Deloitte, que durará cerca de 60 días con la posibilidad de que se prolongue el plazo establecido. (I)