La aceptación o el rechazo de las medidas cautelares contra la construcción del gasoducto Monteverde-El Chorrillo, que pasa por la Vía a la Costa, se conocerá dentro de tres días. Así se determinó en la audiencia realizada ayer en la unidad judicial 3, ubicada en el centro de la ciudad.

En el trámite del recurso legal estuvieron presentes tanto los defensores de las urbanizaciones del citado sector como los de la empresa pública Petroecuador.

Hasta los exteriores de la sala de audiencia 7, decenas de moradores del área residencial acudieron con pancartas pequeñas y papeles para protestar contra la obra pública que transportará gas licuado de petróleo (GLP).

Los vecinos que no pudieron ingresar a la sala, debido a las restricciones del personal de seguridad, evidenciaron su malestar con reclamos en los pasillos porque querían respaldar de cerca al abogado Pedro Cruz, quien se encargó de exponer los motivos por los que piden el desvío de la ruta de las tuberías.

Según Cruz, la empresa pública violó el convenio con el Municipio, del 25 de mayo de 2006, en el que se comprometía a desviar el ducto por zonas despobladas.

Como prueba de lo que podría suceder, en caso de un accidente, mencionó la explosión de un gasoducto de Virginia (Estados Unidos) acaecido semanas atrás.

El jurista, en nombre de los habitantes de la Urbanización Portal al Sol, explicó a la jueza Victoria Totoy que los residentes no se oponen a la ejecución de la obra, sino que rechazan que las tuberías pasen a pocos metros de las viviendas.

En respuesta a esas advertencias, Mario Sánchez, quien defendió a la compañía impulsora de la obra, pidió que no se aceptase el recurso, pues hasta el momento no se ha probado el daño que podría causar la nueva obra. “Para su construcción se cuenta con todas las licencias ambientales...

No se ha cometido violación de ningún derecho ni se ha probado la afectación a la salud de los ciudadanos”.

Además, recordó que no se está invadiendo terreno de propiedad privada. Prueba de ello, dijo, es el acuerdo ministerial 1658, del año 1988, en el que se concedió a favor de la corporación Cepe, actual Petroecuador, el derecho de vía sobre los terrenos que atraviesan los poliductos Libertad-Monteverde, y Manta-Monteverde-Pascuales. Aclaró que está prohibido, en una extensión de 15 metros a cada lado del eje de dichos poliductos, levantar inmuebles y campamentos (permanentes o temporales).

“La cercanía a las viviendas no se debe a Petroecuador, pues el derecho de vía para la transformación de hidrocarburos ya estaba establecido con anterioridad a la construcción de ciudadelas del sitio y, además, al haber obtenido el permiso de urbanizar y edificar -probablemente con autorización del Municipio de Guayaquil- implícitamente se consideró que no había peligro alguno para sus actuales y potenciales ocupantes”, argumentó el representante de Petroecuador, quien concluyó que deberán ser demolidas las viviendas que se encuentran en el derecho de vía mencionado.

La última afirmación disgustó al representante de las urbanizaciones privadas, porque consideró que aquello significaba una amenaza contra los residentes. “Precisamente para eso son las medidas cautelares, para evitar amenazas. Y sí se está violando el derecho a una vida digna y sana. El derecho a la vía es inferior al derecho a vivir”, finalizó Cruz, quien señaló que no le han cerrado la puerta al diálogo a la petrolera.

Después de las exposiciones, la jueza Totoy adelantó que se realizará una visita al sitio en el que se ejecuta la obra (desde el kilómetro 11 hasta el 12,5 de la Vía a la Costa) para conocer más a fondo el caso y señaló que se pronunciará en 72 horas.
Por su parte, los moradores dijeron que agotarán todos los recursos legales.