Hace casi una semana, la rectora del colegio Simón Bolívar, Concepción Maridueña, convocó a los padres de familia de ocho estudiantes. Un informe de la Policía Nacional los involucró en grescas muy intensas alrededor del centro comercial Mall del Sur, el 17 de mayo.

Aquel día, los moradores de las ciudadelas Las Acacias, Barrio del Seguro y Almendros  experimentaron una singular zozobra debido a que decenas de adolescentes de los colegios  Vicente Rocafuerte, Simón Bolívar, Francisco de Orellana, Eloy Alfaro y Carlos Estarellas se atacaron  entre sí, utilizando -incluso-  armas de fuego. Maridueña, cumpliendo las órdenes de la Subsecretaría Metropolitana de Educación, indagó sobre las causas de la participación de sus alumnos, por lo que convocó a sus representantes.

No obstante, en la reunión de los miembros de su comunidad educativa, siete padres de familia justificaron la presencia de sus representados en los sectores aledaños de la avenida 25 de Julio, entre José de la Cuadra y Ernesto Albán. Las excusas fueron variadas, desde “cogió un carro equivocado” hasta “fue a buscar unas amigas en el colegio 9 de Octubre”.

La versión más difícil de aceptar para la rectora y los inspectores que participaron de la reunión fue la de un par de alumnos que, pese a que habitan en Mapasingue Este, argumentaron haber estado presentes cerca del conflicto porque cogieron un bus cuya ruta desconocían y que llegaba hasta el sur. La historia fue respaldada por sus representantes.

Casi ninguno de los siete representantes aceptó la tesis de que sus hijos, sobrinos y nietos (algunos abuelos y tíos fueron en lugar de padres) estuvieran cerca del Mall del Sur para enfrentarse.

Sin embargo, la madre de Daniel P., estudiante de segundo de bachillerato, luego de escuchar estas historias, exclamó entre lágrimas: “Por favor, no solapen la sinvergüencería a sus hijos... yo sí admito que mi hijo participó en esa pelea”.

El resto de personas presentes en el rectorado no refutó las palabras de la madre de  Daniel. Guardaron silencio frente a aquella reacción. Actores o no, los jóvenes mencionados en el reporte policial cumplirán trabajos comunitarios mientras estén suspendidos (por dos semanas).

Corresponsabilidad a medias

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), inciso P, señala: “...la educación demanda el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes (...)”.Además de otros elementos de la sociedad, como  los medios de comunicación.

Las autoridades de los colegios fiscales involucrados en los desmanes  coincidieron en que la tarea de la enseñanza de valores ha quedado solo para los planteles. “Lo que con gran esfuerzo hacemos en el colegio se deshace en los hogares”, concluyó Carmen López, rectora del Vicente Rocafuerte, en referencia a las nuevas políticas implementadas desde el Ministerio de Educación (ME).

El nuevo modelo administrativo es una de las gestiones del ME que busca acercar a la comunidad educativa (padres y alumnos) a los establecimientos (profesores y directivos), a través de la creación de circuitos.

Para López, ese “acercamiento”  es tan solo visible de primero a décimo año, porque los padres tienen que asistir regularmente al plantel para verificar el desenvolvimiento de sus representados.

“Esa es una costumbre que desaparece en la mayoría de los padres cuando el estudiante llega a bachillerato”, afirmó López.

La rectora del colegio Francisco de Orellana, Germania Mestanza, expresó que los estudiantes con problemas de disciplina provienen, en buena parte, de hogares disfuncionales en donde el control es escaso o nulo.

“El origen de estos enfrentamientos es la violencia intrafamiliar, la ausencia de los padres de los jóvenes porque viven en el exterior o están  divorciados. Muchas veces, cuando tratamos de dialogar con ellos, casi nunca aparecen y en su lugar envían a un pariente”, acotó Mestanza..

Falta aplicación de disciplina

Las acusaciones de falta de atención también surgen desde el lado de los padres de familia y los estudiantes, quienes afirmaron que muchos docentes no tienen  vocación  para tratar con adolescentes. Los padres de los involucrados en los hechos violentos del Mall del Sur, consultados por este diario, han preferido mantener el anonimato, según comentaron, porque puede haber retaliaciones por parte de  “malos maestros”.

Bernarda (nombre ficticio)  trabaja en un negocio familiar en la Isla Trinitaria. Cada día envía a su hijo a clases al  Eloy Alfaro con órdenes expresas de que regrese rápido.

Aquel  17 de mayo, cerca de las 14:30, recibió una llamada de notificación de que su hijo estaba recluido en la  Unidad de Vigilancia Los Esteros.

Cuando llegó, varios padres de familia, en igual situación que ella, retiraron a sus hijos del lugar. El suyo, estudiante de segundo de bachillerato, le aseguró que no sabía de los acontecimientos y que fue capturado por error. “Sería bueno que, en los colegios, los docentes  controlaran mejor a los jóvenes”, escuchó Bernarda de otro padre. Ella coincide con esa idea.

Para Bernarda, nadie tiene derecho de señalarla como culpable. “Los maestros no saben escuchar las necesidades de los alumnos, por ello ni se enteran de cuáles son sus intereses”, opinó.

El inspector del colegio Aguirre Abad, Rodolfo Flores, admitió que la aplicación de la disciplina no es una situación que se logre a cabalidad en todos los planteles fiscales. “En este colegio hubo que dar un golpe de timón a partir de este año lectivo y aplicar un control más organizado”, explicó Flores.

Aunque aún no existe un reglamento para la actual Ley de Educación, el anterior estatuto (vigente desde 1984) estipula las condiciones para la aplicación de disciplina a los estudiantes. Una disposición transitoria permite la aplicación de este reglamento mientras no se contraponga a la LOEI.

Son 7 artículos del reglamento (del 265 al 272) que determinan los modos para sancionar y apoyar al estudiante en caso de un acto de indisciplina. “Pero la mayoría de padres prefiere retirar a sus hijos de los colegios antes que llegar al dictamen de la junta de curso (art. 270) y a una sanción del alumno”, comentó Flores.

Peleas por un “territorio”

Entre los estudiantes señalados como participantes de los hechos, hay reacciones diversas sobre su suspensión de 15 días y condicionamiento si son reincidentes, según el Acuerdo Ministerial 134-11.

El documento también estipula que “de acuerdo a la gravedad de la falta y en casos de reincidencia, se podrá aplicar la separación definitiva del estudiante por el resto del año”.

Mientras unos alumnos lloran de rabia, sin especificar vergüenza o coraje, otros toman el asunto de forma tranquila y aceptan la sanción.

Entre 10 estudiantes -de 4 colegios fiscales- consultados por El Telégrafo, existe la certeza de que dentro de sus cursos existe una especie de “llamado a prevalecer sobre los otros planteles y hacer respetar el territorio”.

A pesar de que el informe de la Policía habla de solo siete planteles participantes en la gresca del martes 17 de mayo, los jóvenes mencionados dijeron que hubo 12 colegios, entre ellos 3 particulares.

“Los grupos que se iban a enfrentar en la calle se organizaron por una convocatoria que apareció en el  Facebook”, relató Sandro,  nombre protegido de un estudiante de primero de bachillerato del Simón Bolívar que sabía del encuentro.

“El Vicente Rocafuerte, el 6 de Marzo, el Francisco de Orellana y el Instituto Suárez conformaron un grupo que se iba a enfrentar a otro integrado por el Simón Bolívar, Aguirre Abad y Eloy Alfaro”, señaló el estudiante.

La razón de esta disputa, confesaron los alumnos consultados,  fue la “apropiación” de la visita a los exteriores de   siete colegios de señoritas del norte, centro y sur de la ciudad. “Los (alumnos) del Vicente  quieren quedarse con todos”, manifestó “Manuel”, del quinto año del Eloy Alfaro.

La rectora del Vicente Rocafuerte añadió que ha observado también  la presencia de alumnas de colegios femeninos cerca de su plantel.

El inspector general del Aguirre Abad descartó que en los sucesos del 17 de mayo estuvieran alumnos del plantel.
Sin embargo, no negó la presencia de ex estudiantes o pandilleros comunes que adquieren el uniforme del colegio de manera clandestina.

Para Flores, la indisciplina de los estudiantes, que suele llegar hasta la conformación de pandillas, es el resultado de la falta de buenos ejemplos y mayores controles al interior de las instituciones.

“Puede ser que, entre tantas medidas estrictas, algo se esté reprimiendo y pueda explotar de un momento a otro”-admitió Flores- “pero el adolescente absorbe su entorno y los ejemplos que recibe determinan, en definitiva, su comportamiento”