Luis Ch., Hugo M. y Pedro V., 3 de los 5 procesados por supuesto lavado de activos que guardan relación con la Ecuafútbol, fueron llamados a juicio por la jueza Ana Lucía Cevallos, para quien las pruebas presentadas por la Fiscalía son convincentes, en cuanto a presumir el cometimiento del delito.

.@FiscaliaEcuador inició la investigación por #lavadodeactivos en junio del 2015 caso #Ecuafútbol

— FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 9 de mayo de 2016

No solo eso, la magistrada también mantuvo las medidas cautelares; en el caso de Luis Ch., expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, seguirá con arresto domiciliario. Además, se le dictó la prohibición de enajenar sus bienes muebles, así como las acciones y participaciones que posea, y la retención de sus cuentas bancarias. A eso se añadió la incautación de un auto Audi modelo 2012 y de un departamento en el conjunto residencial Villa Regina, en el que vive con su esposa.

Para Hugo M., tesorero, y Pedro V, contador de la FEF, continuará la orden de prisión preventiva. Adicionalmente a Pedro V. se le prohibió enajenar sus bienes muebles e inmuebles, así como las acciones y participaciones que posea, y la retención de sus cuentas bancarias.

También se dispuso la incautación de un lote de terreno ubicado en la urbanización San Antonio (Guayaquil) y un vehículo Nissan.

A Hugo M. se le prohibió vender sus bienes inmuebles y las acciones y participaciones que posea. Se ordenó la retención de sus fuentes monetarias y bancarias y se dispuso la incautación de un lote de terreno en Guayaquil y de un vehículo Hyundai.

Los bienes incautados pasarán a custodia del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

La magistrada agregó que, por su condición de prófugos, se suspende la etapa de juicio para Pedro V. y Hugo M., hasta que sean capturados o se presenten a los tribunales de manera voluntaria. Esta decisión obedece a que no pueden ser juzgados en ausencia.

Apegada a lo que dicta el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se tipifica el lavado de activos, la fiscal de la causa, Diana Salazar, citó que en el caso de los 3 imputados, de comprobarse su participación en el delito, podrían ser castigados con la privación de la libertad de 10 a 13 años, según las especificaciones de los literales a y c del numeral 3 de dicho artículo.

El literal a dice: “Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general”. Mientras el c reza: “Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos”.

La jueza también impuso a Raúl Rodríguez, abogado particular de Hugo M. y Pedro V, una multa de 2 salarios básicos por no asistir a la audiencia preparatoria a juicio para cumplir con su obligación de prestar una defensa técnica y oportuna a sus representados, lo cual motivó que se les asigne al defensor público Edictor Manzano, quien aceptó por conocer el caso, haberlo seguido y revisado los documentos, así como los peritajes.

Por eso, Ana Lucía Cevallos desvirtuó que Pedro V. y Hugo M. hayan quedado en indefensión, tal como esgrimieron los abogados de Luis Ch., ya que Rodríguez, al igual que los otros defensores, fueron notificados a tiempo de que la audiencia preparatoria de juicio se realizaría el 3 de mayo, terminándose ayer, luego de 4 jornadas.

Tampoco validó el argumento de que ella no tenía competencia en el caso por estar la sede de la FEF en Guayaquil, ya que la Casa de la Selección, que era manejada por Vinicio Luna (otro de los procesados) y consta como uno de los lugares de los hechos, está en Quito. Además de que Luis Ch. reside en la capital.

Tras conocer la resolución de Cevallos, los defensores de Luis Ch.,  Mauricio Garrido y Juan Carlos Machuca manifestaron que esperarán por escrito este dictamen para analizarlo y pedir las aclaraciones y ampliaciones necesarias.

A criterio de Garrido, los fundamentos de la Fiscalía no son contundentes, porque nunca se especificó ni la fuente del capital ilícito ni el monto del que, por su cometimiento, se habrían beneficiado sus representados. “Se evidencia que desde el inicio este juzgamiento ha sido un show, un circo”.

Además, el razonamiento de la magistrada es equivocado, porque indica que el supuesto delito se habría consumado utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos, sin considerar que la FEF es una entidad de derecho privado. “Ese es el argumento pobre y triste de la Judicatura, el auto de llamamiento a juicio carece de total fundamento jurídico”.

Raúl Rodríguez advirtió que demandará a la jueza Cevallos por impedirle defender a sus clientes, pese a que él presentó un certificado médico. La jueza, no obstante, dijo que ese documento no estaba avalado por el Ministerio de Salud ni por el Seguro Social. (I)

Para el abogado de Hugo M y Pedro V. multa de 2 SBU, por no asistir a la instalación de la audiencia caso #Ecuafútbol

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La jueza mantiene el arresto domiciliario para Luis Ch.por ser persona de la tercera edad caso #Ecuafútbol

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