La decisión adoptada ayer por un tribunal ruso de declarar culpables a las integrantes del grupo de punk rock protesta Pussy Riot es un duro golpe para la libertad de expresión en el país, declaró Amnistía Internacional. Tres integrantes de este grupo musical femenino fueron acusadas formalmente de “vandalismo basado en el odio religioso” por interpretar una canción protesta en la principal catedral ortodoxa de Moscú, el pasado mes de febrero. El juez las condenó a dos años de prisión en un centro penitenciario. Los abogados de las tres jóvenes declararon que tienen pensado apelar el fallo. Amnistía Internacional afirmó que cree que el juicio de las encausadas de Pussy Riot -Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova- tuvo motivación política y que fueron enjuiciadas injustamente por lo que fue una acción de protesta legítima, si bien potencialmente ofensiva. La organización considera a las tres activistas presas de conciencia, detenidas únicamente por la expresión pacífica de sus creencias. “Las autoridades rusas deben anular la resolución judicial y poner en libertad a las integrantes de Pussy Riot de forma inmediata e incondicional”, declaró John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.