Pugna CNE Vs. TCE: tres posibles salidas
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha declarado en una disyuntiva: desobedecer una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o incumplir la Constitución.
El pasado 9 de diciembre la sentencia 080 del TCE dispuso que el CNE otorgue un nuevo plazo al movimiento Justicia Social para la inscripción de "todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria a elecciones 2021, sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme".
Para el consejero electoral, Luis Verdesoto, este mandato es “inejecutable”, pues la inscripción de estas candidaturas demoraría, por lo menos 57 días, es decir, si cumple esta sentencia, resultaría imposible cumplir la Constitución, que en su artículo 124 dispone que la Asamblea Nacional posesionará al Presidente de la República el 24 de mayo.
#IMPORTANTE
— Luis Verdesoto (@LuisVerdesotoo1) December 23, 2020
En el #ConsejoConsultivoEc se produjo un hecho histórico. Los presentes se pronunciaron firmemente en apoyo al calendario electoral, la estabilidad democrática y el respeto normativo al proceso de #Elecciones2021Ec.
Esta es una muestra de madurez política. pic.twitter.com/cEMTXOFkGe
A 45 días de que los ecuatorianos acudan a las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales 2021, ¿Qué posibles soluciones hay a este dilema?
Diálogo
Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, no hay un conflicto legal insalvable entre las posturas de las entidades electorales. Él cree que es posible cumplir la sentencia e “inscribir al movimiento Justicia Social en el registro de organizaciones políticas, porque el objeto del recurso fue ese. Ningún otro”.
Sin embargo, la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa, auspiciada por Justicia Social, en estas elecciones “es imposible porque alteraría el calendario electoral”. El movimiento podría participar en futuras elecciones y el CNE estaría cumpliendo el dictamen.
Aguinaga insiste en que es posible dialogar y llegar a acuerdos que permitan unas elecciones transparentes y que generen confianza.
Inscripción de Álvaro Noboa
El exconsejero electoral, Fausto Camacho asegura que la sentencia es clara. “Una reparación integral implica el reconocimiento del movimiento Justicia Social y la inscripción del candidato Álvaro Noboa.”
La obligatoriedad de cumplimiento de la sentencia del TCE no se elimina al hacer una consulta a la Corte Constitucional. “Que el CNE no quiera hacerlo es otra cosa. Su actuación es política. No hay otro camino que el cumplimiento del dictamen”, señaló.
Camacho advierte que si no se cumple esta sentencia, de acuerdo al Código de la Democracia, los vocales estarían cayendo en desacato, lo que constituye una “infracción gravísima” que se sanciona con la pérdida de los derechos políticos, destitución y una multa que puede ir hasta los 60 salarios básicos unificados.
Impresión de papeleta
Este es el escenario más cercano a la realidad y posible, si el objetivo es cumplir con el mandato constitucional de posesionar al Presidente de la República el 24 de mayo de 2021.
La presidente del CNE, Diana Atamaint, aseguró que una fecha tope para imprimir la papeleta electoral podría ser el 7 de enero, por lo que a la espera de lo que la Corte Constitucional pueda responder respecto de la demanda de competencias que se planteó oficialmente el 22 de diciembre, el organismo podría decidir imprimir la papeleta con los inscritos hasta ese momento.
Los consejeros saben que esta acción dejaría a Álvaro Noboa fuera la papeleta y podría traer consecuencias. El consejero Vedesoto las denominó “despostillamiento” institucional, por lo que espera que la respuesta de la Corte Constitucional sea ágil; y, ratifica que el organismo electoral no ha caído en desacato.
La vía que no sirve para solucionar la crisis
Los expertos consultados por Diario El Telégrafo han coincido que la judicial no es una vía para zanjar estas cuestiones. “La solución no puede salir, sino de la propia función electoral. Cualquier otra cosa es pérdida de la independencia”, señaló Camacho.
Aguinaga afirma que el periodo electoral blinda a las autoridades de cualquier acción que pueda iniciar la Fiscalía, por lo que, una visión democrática “excluye todos los anuncios que se han hecho de judicializar el tema”.
Causas de la crisis
El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas señala que no hay un conflicto de competencias entre el CNE y el TCE, sino un conflicto político con intereses partidistas. “La sentencia del TCE no podía modificar los plazos electorales. Cometieron el delito de prevaricato. Tampoco son admisibles las declaraciones como las del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, en el sentido de aplazar las elecciones. Eso provocaría la completa nulidad del proceso.”
El expresidente del CNE, Omar Simon, asegura que hay posiciones políticas buscando aplazar las elecciones.
Camacho cree que hay una serie de responsabilidades compartidas. La conformación que hizo Julio César Trujillo “violando la Constitución de que el CNE se componga por representantes de partidos políticos tiene como consecuencia que su accionar hoy sea político y quieran favorecer una candidatura o entorpecer otra”.
¿Hay responsabilidades de los partidos y movimientos en la actual crisis? Por supuesto. Muchos movimientos no han esclarecido sus adherencias, otros postulan a candidatos que saben que no pueden participar por conflictos legales y otros impugnan infinitamente decisiones del CNE, entorpeciendo los calendarios previstos, señaló Camacho.
