Javier Orti es candidato a asambleísta nacional por parte del movimiento político Avanza. Actualmente es secretario ejecutivo del partido y uno de los que lideró la limpieza del nombre del mismo tras los escándalos de corrupción en los que estuvo inmerso su fundador, Ramiro González, en 2018.

Mientras conversaba con El Telégrafo explicó, con una voz enérgica y decidida, sus planes de trabajo en el caso de llegar a la Asamblea. Entre ellos enfatizó tres puntos importantes: la reactivación económica de Ecuador, la Ley de Contratación Pública y la imagen que la Asamblea tiene ante el país.

¿Qué medidas se deben tomar para la reactivación económica del país

Independientemente de quién gane la Presidencia, el nuevo mandatario debe enviar un paquete de medidas para reactivar la economía y los asambleístas estar dispuestos para llegar a acuerdos que no afecten a los ecuatorianos, como subir el Impuesto al Valor Agregado (Iva). Tenemos que ir con otra actitud a la Asamblea Nacional, no de confrontación sino de consenso, el país necesita acuerdos. Cual sea el número de bloques legislativos tendremos que sentarnos a conversar para crear una agenda legislativa que busque la seguridad jurídica que todo el mundo está esperando. Dentro de las estrategias para reactivar a la economía se debe poner especial atención al Código del Trabajo y el Código Monetario Financiero Bancario.

La credibilidad de la Asamblea se ha cuestionado en este último periodo. ¿Qué propone usted para cambiar este panorama?

Para que se cambie la baja credibilidad que tiene la Asamblea frente a los ciudadanos se necesita cambiar el comportamiento del Legislativo. Se debe implementar un modelo de gestión por resultados en donde a los asambleístas se nos pague por horas trabajadas. Para medirlo hay que tomar en cuenta tres parámetros: la asistencia a las sesiones del pleno, los aportes en las comisiones especializadas y el trabajo que se haga en la presentación de los proyectos de ley.

A raíz de la crisis sanitaria, el Gobierno aprobó nuevas modalidades de trabajo, a través de un acuerdo interministerial. ¿Se incluirán estas modalidades en el Código del Trabajo?

Mientras estén bajo un acuerdo ministerial no tendrán mayor legitimidad. Por eso hay que incluirlas en el Código y estar atentos de que no desconozcan los beneficios laborales de los trabajadores, ni pongan en peligro la estabilidad laboral.

Usted mencionó a la Ley de Contratación Pública, esto ya ha sido propuesto por varios legisladores ¿Qué se espera cambiar, cómo beneficiaría al país y cómo se podría lograr que este tema sea debatido y tenga una resolución?

La reforma total a la Ley de Contratación Pública va a ayudar en la lucha contra la corrupción. Este sistema está totalmente burocratizado y ha servido de excusa para generar contratos de emergencia que dieron paso a la corrupción. Necesitamos una ley que nos brinde un sistema más abierto y ágil en donde los ciudadanos sepan, a detalle, cómo se hacen estas contrataciones.

Es un tema que no ha tomado suficiente atención porque en este periodo los legisladores se tapan todo. Un asambleísta debería contribuir, proponer y poner en vitrina pública a aquellos asambleístas que no quieran apoyar este tipo de proyectos. Si no tenemos asambleístas valientes que propongan las cosas como son, si no entramos con reformas legales que cambien la política de Ecuador, esto va a seguir igual.

Varios candidatos a la Presidencia de la República han propuesto una Asamblea Constituyente para hacer varias reformas. ¿Estaría de acuerdo con eso?

El artículo 441 de la Constitución establece los mecanismos necesarios para reformar o enmendar la Constitución sin la necesidad de ir a una Asamblea Constituyente. Aquí hay dos criterios: técnico y político. El primero ira en torno a la evolución de la Constitución, por lo que se necesitan cambios fundamentales en la parte estructural. Pero el problema es en el criterio político, porque he visto que los principales políticos que proponen la Asamblea Constituyente buscan plenos poderes y no necesariamente reformar la Constitución. 

En este periodo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se vio enrolada en varios problemas. Esto impide que se lleguen a acuerdos a la hora de tomar decisiones trascendentales. ¿Qué se debería hacer para evitar el rompimiento de una relación tan importante?

Actualmente estamos en un sistema presidencialista, no parlamentario. En el presidencialismo, el Presidente tiene derecho al veto y se convierte en un colegislador. Esto nos invita a consensuar las leyes con el Ejecutivo. Necesitamos tener una relación en igualdad de condiciones y con mutuo respeto, pero con mucha interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Se ha hablado de la creación de una cámara bicameral. La función del uno sería la designación de autoridades y del otro encargarse del resto de competencias legislativas. ¿Considera que es una buena propuesta?

Esto no nos garantiza al 100% que vaya a mejorar la efectividad de la Asamblea. Es puro discurso político. Si el argumento para disminuir el número de asambleístas es un tema presupuestario, estoy de acuerdo, pero que eso te garantice que no van a haber discusiones, corrupción o acuerdos, en ningún sistema político democrático se puede garantizar eso.

En la Asamblea Nacional, sea un sistema político o parlamentario, siempre habrá una negociación política, una especie de licuadora por donde salen los acuerdos. Hay que cambiar el modelo de gestión para que la Asamblea actúe correctamente. (I)