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Según el CNE, A nivel nacional sufragaron 2.005 reclusos

Los reos votan y se mudan

Miembros de la Policía Nacional y guías penitenciarios vigilaron el sufragio de las personas privadas de la libertad que aún no tienen una sentencia ejecutoriada. Foto: Miguel Castro |  El Telégrafo
Miembros de la Policía Nacional y guías penitenciarios vigilaron el sufragio de las personas privadas de la libertad que aún no tienen una sentencia ejecutoriada. Foto: Miguel Castro | El Telégrafo
22 de febrero de 2014 - 00:00 - Redacción Política

Desde las 09:00 se inició la votación de las personas privadas de la libertad (PPL) en los 57 centros de rehabilitación del país, según estaba previsto en el calendario fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones seccionales que se realizarán para el resto del país mañana. Este es el segundo proceso electoral en el que participan los ciudadanos que están detenidos y que aún no han sido sentenciados, explicó Nubia Villacís, vocal del organismo de control.

La entidad registró 5.698 reos sin sentencias, pero solo 2.538 fueron cedulados en la campaña que realizó el CNE para asegurar que estas personas ejerzan el voto.

Cuando una persona atraviesa un proceso judicial aún goza de sus derechos políticos; solo cuando se emite una sentencia y esta es ejecutoriada el acusado ya no puede sufragar. “Hicimos una campaña para que nadie se quede sin sufragar, pero no todos los detenidos quisieron cedularse, por temas personales”, explicó la funcionaria.

Jazmín Salame, jefa de Geografía y Registros de la Delegación Electoral de Guayas, manifestó que para realizar las votaciones se efectuaron capacitaciones dentro de los centros de reclusión.

Las mujeres hicieron fila en el centro de rehabilitación de Quito, en el pabellón femenino. Foto: Santiago Aguirre

En Guayas, donde está la cárcel más poblada del país, se instalaron 8 juntas receptoras del voto distribuidas en los 5 centros de reclusión. En el centro regional recién inaugurado se instalaron 2 mesas, mientras que en la Penitenciaría del Litoral se colocaron otras tres mesas: una en la cárcel de mujeres, y en los centros de menores infractores -para quienes es opcional el voto- se dispuso una mesa para hombres y otra para mujeres.

La inauguración oficial se realizó con la presencia de autoridades del CNE, Junta Provincial Electoral y Ministerio de Justicia, en el auditorio de la Penitenciaría.

Cada junta estaba integrada por dos internos del lugar que fueron seleccionados por su buena conducta, más un capacitador territorial que guiaba a los reclusos.

Salame anunció que las juntas fueron trasladadas a ciertos pabellones para que los detenidos no tuvieran que movilizarse.

Aunque el sufragio se realizó ayer, los resultados se conocerán el domingo, después de las 17:00, cuando inicie el escrutinio de todos los votos. Mientras tanto, las 8 urnas selladas estarán bajo custodia de las Fuerzas Armadas, encargadas de transportar el material electoral.

Sufragio en Quito
En Quito, el sufragio se inició en el Centro de Rehabilitación Social Femenino, ubicado en el norte de la urbe. En la inauguración participaron autoridades del CNE, la presidenta del directorio del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, Ledy Zúñiga; y veedores internacionales de la Unión de Naciones del Sur y Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Hasta diciembre pasado 180 mujeres estaban empadronadas, pero solo 47 que contaban con la cédula de identidad pudieron ejercer su derecho al voto.

En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Quito (expenal García Moreno), alrededor de 30 personas privadas de libertad, sin sentencia ejecutoriada, votaron. El proceso se desarrolló con normalidad y también contó con la vigilancia de delegaciones internacionales.

Observadores destacan labor
Una comisión integrada por cuatro observadores internacionales verificó el cumplimiento del proceso electoral en las cárceles. Mario Ríos, ministro del Tribunal Contencioso Electoral de Chile, destacó el trabajo de Ecuador para incorporar a los reos en las elecciones.

La consejera Nubia Villacís detalló que “el país ha sido ejemplo para otros entes electorales”, además confirmó que existe un asesoramiento a otros países de la región sobre programas que se aplican desde las elecciones de 2013.

Alejandro Tulio, delegado de la Unasur, dijo que seis observadores visitaron los centros de privación de libertad para verificar el proceso de votación. “Las legislaciones van siendo cada vez más incluyentes y más inclusivas, reconociendo los derechos de aquellos que por diversas circunstancias no puedan ejercer el voto como el resto”, comentó.

Otro grupo de observadores que participó fueron los abogados de la Defensoría del Pueblo. Funcionarios de esta entidad acudirán a los lugares de votación destinados para los grupos vulnerables con el objetivo de garantizar su derecho al voto. La institución ha destinado a 208 funcionarios para todo el país.

En Manabí, las elecciones se desarrollaron con normalidad en la cárcel El Rodeo, de Portoviejo, donde sufragaron 790 personas.
Anoche el CNE entregó un balance de la jornada. Un total de 2.005 PPL sin sentencia ejecutoriada sufragaron, del total de 5.698 empadronados en todo el país.

El organismo electoral reveló que esta cifra representa un 35,19% del número previsto de 4.986 hombres y 712 mujeres de 56 centros de rehabilitación social del país.

LA MULTA POR INCUMPLIR LEY SECA ES DE $ 170

Para mañana, cuando se efectúen las elecciones seccionales en todo el país, la Policía Nacional ha destinado a 34.813 uniformados, informó el Ministerio del Interior.

Los gendarmes estarán distribuidos en 48 mil juntas electorales, ubicadas en 3.301 recintos electorales, 76 juntas de escrutinios y 24 delegaciones provinciales electorales en todo el país. Ellos son los encargados de resguardar los exteriores de los recintos, mientras que los militares vigilan el interior.

La Policía Nacional ubicará 23.741 agentes del orden que custodiarán la seguridad en el sector urbano, 6.881 gendarmes en las zonas rurales y 4.191 miembros en las llamadas áreas alejadas.

Para garantizar la movilidad y orden público se ejecutarán controles estrictos, vigilancia y patrullaje focalizado.

El operativo iniciará desde las 07:00 hasta las 17:00, cuando cierren las urnas. La Policía dispondrá de 2.715 vehículos, 4.340 motos y cinco helicópteros.

Terminado el proceso de elecciones, la Policía se encargará de la recolección, acopio y traslado de las fundas que contienen las actas de escrutinio de las juntas receptoras del voto, las cuales serán llevadas a las juntas intermedias o las delegaciones provinciales electorales. Todo ese proceso se hará con personal capacitado previamente, que sabe dónde retirar los documentos y a dónde llevarlos, afirmó el general Patricio Pazmiño, director general de Operaciones de la Policía.

Para que se cumpla con la prohibición de consumo y expendio de bebidas alcohólicas que dispone el Código de la Democracia, los uniformados harán varios operativos.

En caso de que existan personas que infrinjan la ley seca, que rige desde ayer al mediodía y se extiende hasta las 12:00 del lunes, el policía entregará una boleta de citación emitida por el Consejo Nacional Electoral, que será juzgada por el Tribunal Contencioso Electoral.

Javier Córdova, viceministro del Interior, insistió en que “las personas que hayan ingerido alcohol no serán detenidas, pero eso tampoco les permitirá seguir libando. Los que la infrinjan serán sancionados con el 50 % de multa de una remuneración mensual (170 dólares)”, precisó.

Las autoridades también recordaron a los sujetos políticos y a los militantes que la Ley Electoral prohíbe hacer campaña electoral durante las elecciones.

Datos

Las personas privadas de la libertad pudieron dar su voto para escoger alcaldes y prefectos.

Distribución de los detenidos en el país por provincias: Guayas con 2.353; Manabí 626 sufragantes; El Oro, 387; Pichincha con 384; Esmeraldas, 350; Loja, 343; Azuay, 241; Loja, 178; Santo Domingo de los Tsáchilas, 149; Tungurahua, 145; Imbabura, 123; Cañar, 82; Macas, 74; Cotopaxi, 65; Napo, 63; Chimborazo, 48; Carchi, 43; Bolívar, 34; Sucumbíos, 10.

La Defensoría del Pueblo tiene previsto estar presente en 42 ciudades del país, lo que significa 185 recintos electorales.

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