La Universidad Central del Ecuador es, en sí misma, un poderoso sistema educativo y contiene enormes retos para su desarrollo, en plena articulación al proceso de cambio que vive nuestro país. No puede estar ni por encima ni por debajo de las exigencias de ese proceso. Es más, con su quehacer debe implementar mecanismos y herramientas para superar lo que durante 40 años hicieron partidos y organizaciones políticas con fines exclusivamente particulares. Y uno de esos es cumplir con la demanda de profesorado de alto nivel para formar profesionales de primera línea.

De ahí que las obligaciones de jubilar a maestros que superen los 70 años y mantenerlos como eméritos no sea un problema en sí mismo, pero sí requiere de todo un plan para que sigan aportando con su experiencia y sabiduría, sin por ello dejar “taponada” la emergencia de nuevos profesores y académicos. Igual pasa con aquellos maestros que sin tener la formación adecuada siguen dictando cátedra. Los estudiantes requieren una planta de profesores de excelente formación, no solo de la básica y elemental.

Todo esto no quita que de ocurrir estos cambios, las jubilaciones y la contratación de PhD se deje sin profesores a las facultades porque igual también se genera un vacío. Si hay alguna solución concertada, sin ceder en lo fundamental, debe darse.

Las autoridades del sistema educativo como de la Universidad Central deben hallar un punto de encuentro para generar la solución más adecuada. Y eso solo podrá ocurrir bajo tres condiciones: no modificar la ley, hacer los ajustes necesarios al reglamento y pensando en el desarrollo académico de los estudiantes. No pueden ser ellos los afectados por la urgencia del mejoramiento del sistema y menos aún por la inoperancia de las autoridades universitarias que no planificaron, con tiempo y recursos, la salida de maestros, que sabían se iba a producir en un corto plazo.