Lo ocurrido el miércoles pasado obliga a reflexionar en dos sentidos, sobre la base de dos refranes populares: “Más vale tarde que nunca” y “Justicia que tarda no es justicia”. Y con los dos podríamos advertir que la sentencia a los hermanos Isaías, por el peculado cometido con el dinero de los ahorristas, ¡llegó al fin!

Han tenido que pasar cinco presidentes, doce años y pico, miles de documentos y publicaciones para que se juzgue uno de los hechos más aberrantes de la vida política y económica del país: querer salvar a un banco, tras el uso abusivo y lesivo del dinero de los ahorristas. No hay que olvidar cierta complicidad de grupos y partidos políticos en todo esto. Las notas de prensa y las fojas del juicio están ahí para demostrarlo.

La defensa podrá decir muchas cosas y hasta reivindicar la inocencia de los dueños del Filanbanco, pero hasta la embajada de EE.UU., como se publica hoy en este mismo diario, vio ese hecho como fraudulento y en perjuicio de ciudadanos honestos que confiaron en una entidad financiera que publicitaba garantías y honestidad.

Ahora corresponde la extradición y el Gobierno de EE.UU., coherente con lo que revelan los cables de WikiLeaks, no podrá negarse a esa medida de extrema justicia. Y no podrá excusarse por ninguna razón si nos atenemos a que nuestras decisiones, en justicia y derecho, son de absoluta soberanía y autodeterminación. Caso contrario, no es exagerado decirlo, cometería un acto de complicidad.

Que se haya demorado tanto la justicia también revela que esos poderes fácticos impidieron una pronta sanción a un hecho por demás comprobado. Y que ahora se haya sentenciado no alivia, pero -en definitiva- señala un precedente claro y determinante para todos quienes usan dineros de la gente: no se puede atentar contra el patrimonio ajeno y la justicia no puede demorar en castigar.