El presidente de la República, Rafael Correa, y el ministro del Interior, José Serrano, habían anunciado hace varios meses  que en los próximos meses se implementaría un plan para liquidar la corrupción al interior de la Policía Nacional, y que la totalidad de los elementos de la institución debería pasar la prueba del polígrafo.

Como se ha vuelto costumbre en este tipo de propuestas del Ejecutivo, los medios de comunicación acudieron a las  “voces autorizadas” encargadas de criticar el plan, quienes aseguraron que se estaba buscando mancillar el honor de los uniformados y, además, que era prácticamente imposible abarcar a todo el personal de la Policía Nacional. Con esta campaña mediática, y ante el surgimiento de temas coyunturales, el tema se  fue diluyendo en la agenda de las prioridades.

Pero el Gobierno dio el pasado martes una muestra de que jamás hará público un proyecto que no tenga posibilidades de  desarrollo. El general de Distrito, Wilson Alulema, en rueda de prensa, anunció que cerca de 42.000 policías  enfrentarán al detector de mentiras para filtrar posibles casos de corrupción. Pero, además de este examen,  se reveló que  habrá una  unidad de inteligencia encargada  de investigar irregularidades cometidas por agentes tachados de   “malos elementos”.

La noticia seguramente habrá caído de sorpresa entre aquellos que  arremetieron contra el plan gubernamental.

También es lógico pensar que quienes consideraban a este tipo de medidas como un atentado al “espíritu de cuerpo” hoy deben estar contrariados con el anuncio.

Lo cierto es que la ejecución del proyecto le va dando coherencia al plan de seguridad ciudadana que el Ejecutivo está implantando en el territorio nacional, porque ha decidido atacar a los males desde la raíz.

Ecuador jamás podrá vivir un verdadero estado de paz y derecho, mientras en las filas de aquellos que juraron  protegernos existan elementos dedicados a privilegiar sus intereses, antes que los de la ciudadanía.