En la segunda vuelta entre León Febres-Cordero y Rodrigo Borja (1984), así como la de Jamil Mahuad y Álvaro Noboa (1998), a ninguno de los dos perdedores se les ocurrió pedir un recuento de los votos, a pesar de que se denunciaron serias irregularidades. Ahora, ante el pedido legal y legítimo de CREO-SUMA y AP, se hizo un recuento inédito, público y visto por casi todo el país.

El resultado, en general, no modificó la voluntad popular del 2 de abril. Por el contrario, significó un gasto de recursos y de tiempo, necesario al fin y al cabo para que no quede duda alguna de quién ganó los comicios presidenciales. Para eso está la democracia y la institución estatal electoral. Y para eso están también los actores políticos. Los procedimientos y los canales para la denuncia funcionan como parte de un pacto social y político.

Por tanto, tras el recuento se consolida la democracia y se sienta un precedente trascendental para que nadie juegue con la voluntad popular y no actúe desde los caprichos y, menos aún, desde los prejuicios. Ya la historia se encargará de explicar mejor lo ocurrido. (O)