Quizá pasó desapercibido para muchos lo declarado por el primer mandatario Rafael Correa en su enlace sabatino pasado: considerar su próximo período presidencial como un proceso en el que se priorizarán los bienes económicos, estratégicos y de mercado para solventar una sociedad del Buen Vivir.

Y para ello, se sobrentiende, tendrá que estructurar al Poder Ejecutivo de modo que pueda garantizar la ejecución de planes y proyectos en esa dirección. Aunque no se extendió en el análisis y explicación de esta visión, también resulta novedosa, interesante y muy sugestiva para la misma teoría del Estado y de los derechos, en general.

En la práctica marca un principio poderoso para identificar mucho más directamente la gestión del Gobierno con los postulados fundamentales de un ejercicio administrativo y político contemporáneo, eficaz, ágil y responsable.

Por supuesto que eso demanda algo que ha sido una queja recurrente: la calidad de la gestión. Todavía hay “rémoras” en determinados (y por suerte pocos) espacios burocráticos que impiden un mejor servicio público, a la vez que consideran que “este gobierno ya pasará” y volverán a las viejas prácticas.

Por eso, el plan general de reestructuración del Ejecutivo debe contemplar este aspecto para dar paso a profundas transformaciones en el servicio público y entender que la única prioridad es acabar con la pobreza, proyectar un país de bienestar social y desarrollo incluyente, además de garantizar la concreción de un proyecto socialista, como es el deseo de los electores que ya apostaron por este paradigma, no solo este año sino en el último quinquenio.

Si para esto hace falta amplio debate y una pedagogía política recurrente, las autoridades, empezando por el Presidente de la República, que sea con la absoluta claridad para politizar a la ciudadanía y que la política sea cada vez más ciudadana.