Según  encuestas y sondeos de opinión realizados a la ciudadanía en varios sectores del país, uno de los principales problemas que los mantiene en guardia   es la   inseguridad. Los estamentos del Estado, conscientes de la preocupación,  realizan esfuerzos para combatirla.

La reestructuración de la Función Judicial, por ejemplo, fue una decisión orientada a  la búsqueda de soluciones en el corto plazo.

Hoy, además,  está en marcha el debate sobre la imputabilidad de los adolescentes en delitos penales, el mismo que está centrado  en el papel de la Policía,   la Justicia, el Gobierno central,  los municipios y el sector privado frente a las garantías que constan en el actual marco jurídico para los menores de edad acusados de algún delito.

Por su naturaleza de vulnerabilidad, las condenas fueron concebidas  distintas a las  de los adultos, situación considerada en su momento como un éxito para la doctrina de  los derechos humanos. Pero nunca tomaron en cuenta que los organismos de seguridad enfrentaban con  frecuencia a carteristas o asaltantes de buses  que no llegaban a los quince años.

El fenómeno fue  madurando lentamente hasta llegar  a la figura del  sicariato, e incluso  violación. Los familiares de las víctimas se   preguntaron por qué el  castigo tiene que limitarse a la pena de un año en un centro de adolescentes infractores.

Fue entonces cuando esta inquietud  se trasladó al Ejecutivo, que envió  a la Asamblea Nacional la propuesta de reformas al Código Penal.

Cuando se  trata de un tema coyuntural altamente sensible, bien vale la pena una discusión  profunda. El consenso es posible, y la decisión,  urgente. 

Los sectores que padecen el azote de la delincuencia están obligados a expresar su opinión para cortar de raíz  el argumento de que no fueron tomados en cuenta, o que se impuso un criterio predeterminado.