La garantía de derechos no solo se reduce a ponerlos en la ley; su implementación conlleva una serie de determinaciones, entre ellas, financiar su cumplimiento. Por ejemplo: para que una madre pueda cuidar a su hijo recién nacido, la empresa o entidad pública donde labore debe suplir su “ausencia”. Y eso tiene un costo. Pero para cumplirlo, por una obligación constitucional, hace falta que se tengan los estudios técnicos. De ahí que preocupa oír a los supuestos analistas y su eco en ciertos medios sobre la posibilidad de que se amplíe el permiso maternal y paternal, de modo opcional, como está en debate en la Asamblea. La norma es ahora al revés: primero se hace la especulación, después se riega el rumor y luego se explica la medida, y sus efectos y consecuencias. Los derechos y su aplicación requieren un debate sensato y serio. Los permisos de maternidad son un derecho fundamental para el desarrollo mismo del niño, de la madre y con ello de la sociedad. En los países de mayor desarrollo económico esas garantías y su aplicación conllevan altos costos que son financiados por todos los ciudadanos. (O)