La política es, inevitablemente, un conjunto de acciones  orientadas a la solución de problemas; pero cuando estos son heredados, los causantes utilizan sus propios errores para confundir y justificar. Esto es lo que ha ocurrido -en anteriores gobiernos- con el manejo arbitrario y humillante de la salud y el servicio de energía eléctrica en el país.

En el primer caso, la privatización de la atención médica y la proliferación de seguros hospitalarios no solo significaba el deseo de deshacerse de obligaciones inherentes al Estado;  facilitaron la penetración  en esta actividad para debilitar a las instituciones públicas. Algo parecido acaba de ocurrir con los bancos de sangre, todavía en manos de la Cruz Roja, cuyo manejo debe pasar en el menor tiempo posible a la cartera de Salud. Este, que es un tema que afecta por igual a cualquier persona que requiera de un tipo específico, y que se ve obligada a pagar lo que “sea” por una pinta, ha sido manipulado por    sectores interesados que difunden el traspaso y manejo de la Cruz Roja, cuando es mentira.

En el segundo caso, los problemas pendientes con Emelec, empresa que fuera propiedad del banquero Fernando Aspiazu y hoy pertenece al pueblo ecuatoriano, luego de un prolongado litigio por el cruce de cuentas, intereses de grupos corporativos secundados por la Municipalidad de Guayaquil para apropiarse del bien, además de conflictos laborales pendientes, quedaron en el limbo, mientras el subsidio eléctrico consumido por sectores privilegiados de la sociedad, minaba los recursos estatales destinados a  sectores  vulnerables del puerto principal. Entonces, cuando surge la necesidad de “tomar al toro por los cuernos” para enfrentar estas aberraciones, los medios privados de comunicación y sectores de la oposición critican, tratan de confundir y se oponen a las regulaciones emprendidas, sin comprender que crítica y autocrítica, consciente, solidaria, y esforzada siempre permitirán que cualquier proyecto  político haga más fuertes y solidarios a su país y a su gente.