El concepto esencial de la democracia es el del gobierno del pueblo. Así ha sido siempre. Y para ello hay varios instrumentos y mecanismos democráticos. Uno de ellos es la consulta popular. Pero de hecho es un mecanismo complejo. No solo por lo que implica en su realización, sino porque consultar al pueblo sobre todos los temas sería lo ideal, pero costoso.

De hecho, en Ecuador, en la última década todos los procesos políticos, incluidos los más difíciles, fueron determinados y, por supuesto, legitimados por la aprobación popular. Sin embargo, hay asuntos de absoluta responsabilidad de las autoridades que asumen la delegación popular.

¿No resulta fácil y algo cómodo llevar hasta la consulta la decisión de subir o no los pasajes del transporte de una ciudad? ¿Cuán responsable es proponer subir la tarifa solo si se mejora el servicio? ¿Quién garantiza que eso ocurra? Si la autoridad no ha hecho nada para eso, durante décadas, ¿por qué ahora sí es una ‘responsabilidad’ del mandante?