La semana pasada se conocieron más detalles del hasta ahora último escándalo de corrupción del régimen correísta en las campañas políticas de 2013-2014. En esa trama apareció una lista de 18 empresas que pagaban ayudas “voluntarias” y mensuales al movimiento Alianza PAIS, hoy Revolución Ciudadana. 

La organización recibió “donaciones” por más de $ 11,5 millones de esas compañías. Pero esos aportes no eran gratuitos, sino a cambio de contratos para hacer obras con el Estado.

Así se confirmó en uno de los 3.000 archivos informáticos recuperados de una de las computadoras de Laura T. Ella era asistente de Pamela M., la exasesora de Rafael Correa y exvicepresidenta de la Corte Constitucional. Ambas trabajaban en la Presidencia de la República y hoy están detenidas por asociación ilícita, cohecho y lavado de activos.

El registro de esos pagos es detallado y prolijo, tiene fechas, cantidades recibidas y comentarios sobre si les pagaban o no esas contratistas del Estado.

Ese archivo revela que se trató de un sistema de corrupción organizado con monitoreo, seguimiento y hasta con un glosario para entender los nombres de los “donantes” y de los beneficiarios.

Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2013 se escribió: la constructora Odebrecht empezó sus pagos: “el 9 de septiembre $ 500 mil, 21 de octubre $ 500 mil y 12 de noviembre $ 150 mil. La empresa está cumpliendo!”.
Al final, la mafia estaba más cerca de lo que imaginábamos. (O)