El respeto de las reglas del juego, aunque los efectos de su aplicación no gusten o vayan en contra de lo que consideramos nuestros intereses, es una norma básica de la Democracia que se sigue en países con institucionalidad sólida.

Las normas democráticas incluyen el acatamiento de los roles y deberes asignados a ciudadanos y autoridades, además de la garantía y cumplimiento de los derechos de los primeros.

Entre los derechos consagrados por la legislación ecuatoriana en favor de los habitantes del país está el de la resistencia y la protesta. Los desacuerdos, sin embargo, deben expresarse de manera pacífica y sin atentar, a su vez, contra los derechos de los demás.

El numeral 10 del artículo 35 de la Constitución, por ejemplo, determina el derecho de los trabajadores a la huelga y de los empleadores al paro, pero prohíbe la paralización de los servicios públicos, además de actividades como transporte (de personas y mercancías), distribución de combustibles y telecomunicaciones.

Las protestas realizadas en días pasados por los transportistas, primero, y por los indígenas, después, contravinieron expresamente estas prohibiciones.

Los primeros a través del bloqueo de vías y los segundos mediante esta forma de manifestarse además de otras acciones como ataques al sistema de agua potable de Ambato y a las antenas que transmiten el contenido de radios y canales de televisión en la provincia de Tungurahua.

Los habitantes de varios sectores de capital tungurahuense tuvieron que abastecerse durante algunos días del líquido a través de tanqueros y en dos ocasiones las señales de los medios de comunicación se suspendieron en las provincias de la Sierra Centro.

Esto no debe repetirse. Las muestras de descontento popular en el país nunca más deben tener como su eje la violencia y el irrespeto a los derechos de las demás personas. (O)